Gerardo Milman
Diputado de la Nación
PRO
Período: 10/12/2021 - 09/12/2025
PROYECTO DE LEY
Expediente: 6292-D-2009
Sumario: CREACION DEL FONDO DE ASISTENCIA EDUCATIVA, EN EL AMBITO DEL CONSEJO FEDERAL DE CULTURA Y EDUCACION, DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE EDUCACION DE LA NACION.
Fecha: 19/02/2010
Publicado en: Trámite Parlamentario N° 183
CREACIÓN DEL FONDO DE
ASISTENCIA EDUCATIVA
ARTICULO 1º.- Créase, en el
ámbito del Consejo Federal de Cultura y Educación, dependiente del Ministerio de
Educación de la Nación, el FONDO DE ASISTENCIA EDUCATIVA, cuyo objeto será
contribuir a la disponibilidad de recursos por las provincias y la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para la recomposición de los salarios docentes de escuelas oficiales y de
gestión privada subvencionadas, en todos sus niveles y modalidades, durante el año
2010.
ARTÍCULO 2º.- El FONDO DE
ASISTENCIA EDUCATIVA se integrará con la suma de ocho mil ciento noventa y nueve
millones doscientos mil pesos ($ 8.199.200.000), provenientes de las reservas del Banco
Central de la República Argentina, que serán transferidos sin contraprestación alguna al
Tesoro Nacional, con afectación específica al financiamiento de la masa salarial docente
de las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el ejercicio 2010.
La transferencia de los recursos destinados a
cada jurisdicción será automática, previa acreditación de la suscripción del acuerdo
paritario correspondiente ante el Consejo Federal de Cultura y Educación, en su calidad
de órgano de administración del FONDO DE ASISTENCIA EDUCATIVA.
Verificado el cumplimiento de dicha
condición, el Consejo Federal de Cultura y Educación, girará, través del Banco de la
Nación Argentina, el monto asignado a cada provincia y la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, de conformidad con lo establecido en el artículo 4°
de esta ley. El Banco de la Nación Argentina
no podrá percibir retribución de ninguna especie por los servicios que preste en
cumplimiento de la presente.
ARTÍCULO 3º.- Al solo efecto de
esta ley, no regirá la restricción prevista en el artículo 6º de la Ley Nº 23.928.
ARTÍCULO 4º.- Se determina el
monto total de recursos afectados a cada provincia y a la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, expresados en millones de pesos, que se distribuirá de la siguiente manera:
ARTÍCULO 5º.- El Consejo Federal
de Cultura y Educación, en su carácter de autoridad de aplicación de esta ley, realizará el
seguimiento y monitoreo permanente de la ejecución por parte de las provincias y la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires de los recursos transferidos por esta ley, y el
cumplimiento de los acuerdos alcanzados en las paritarias, garantizando el amplio acceso
y difusión pública de dicha información.
ARTÍCULO 6°.- Comuníquese al
Poder Ejecutivo Nacional.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
De manera reiterada al llegar el mes de
febrero de cada año peligra el comienzo del ciclo lectivo en todo el país. Una vez más y
precisamente en el año en que vence la Ley de Financiamiento Educativo (Ley N°
26.075), que estableció la garantía de inversión educativa en el 6% del PBI, el gobierno
nacional y los gobiernos provinciales parecen no estar en condiciones de garantizar la
recomposición de los salarios docentes, más aún, parece lejana la posibilidad de que
dichos salarios mantengan el poder adquisitivo, ante el aumento de los precios de la
canasta básica.
Aunque el presupuesto destinado a
educación hubiera observado un aumento significativo cumpliéndose las metas de
financiamiento previstas en la denominada Ley de Financiamiento Educativo -y que a
través del Fondo de Incentivo Docente, así como el Fondo Compensatorio Salarial
Docente se ha prestado asistencia a provincias-, existen en algunas jurisdicciones
provinciales dificultades serias para responder a las legítimas aspiraciones
gremiales.
La Ley de Educación Nacional, Ley N°
26.206, ha establecido que la educación y el conocimiento son un bien público y un
derecho personal y social garantizados por el Estado, constituyéndose en política de
Estado para construir una sociedad justa, reafirmar la soberanía e identidad nacional,
profundizar el ejercicio de la ciudadanía democrática, respetar los derechos humanos y
libertades fundamentales y fortalecer el desarrollo económico-social de la Nación.
En igual sentido, la mencionada Ley de
Financiamiento Educativo, entre sus fines, se propuso, mediante un incremento de la
inversión en educación y una mejora en la eficiencia en el uso de los recursos, garantizar
la igualdad de oportunidades de aprendizaje, mejorar la calidad de enseñanza y afianzar
el rol estratégico que tiene la educación en el desarrollo económico y socio-cultural del
país. Todo ello, con el propósito de recuperar un sistema educativo profundamente
deteriorado como consecuencia de las políticas neoliberales que lo devastaron durante
una década.
Dicha ley fijaba, asimismo, objetivos tales
como: inclusión y permanencia escolar, alfabetización universal, garantía de calidad y
equidad del sistema educativo nacional, fortalecimiento institucional, mejora en las
condiciones laborales y salariales de los docentes de todos los niveles del sistema
educativo, jerarquización de la carrera docente y perfeccionamiento en la formación
docente inicial y continua, entre otros.
Su aporte fundamental fue garantizar el
cumplimiento de una meta presupuestaria de modo de aumentar los recursos destinados
a Educación, Ciencia y Tecnología, que en el 2005 rondaba el 4,3% del PBI y pretendía
llevar la participación del presupuesto educativo al 6% del PBI en el año 2010. Cabe
señalar que se reproducían las metas de financiamiento previstas, e incumplidas, en la
Ley Federal de Educación sancionada durante el gobierno de Carlos Menem. La
innovación que incorpora la Ley de Financiamiento Educativo es, por un lado, establecer
una fuente específica como origen de los recursos y, por el otro, la definición de
criterios de distribución de los mismos.
Con la implementación de la Ley N° 26.075,
el Estado Nacional, los Estados provinciales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires han
aumentado progresivamente la inversión prevista en educación en el período 2006 -
2010. Ello también se reflejó en mejoras salariales que se han sucedido en los
últimos años que siguen resultando
insuficientes en un país en el que el valor
real del salario decae permanentemente como consecuencia de una inflación ya
inocultable.
Tampoco hay que desconocer la necesidad
de modificar la distribución de responsabilidades financieras entre la nación y las
provincias. Se impone a algunas de ellas un esfuerzo fiscal desmedido, teniendo en
cuenta la abismal diferencia entre la situación de la nación y la de los distritos
provinciales, agravados por los arbitrarios, y a veces poco transparentes, mecanismos de
distribución.
Hoy nos encontramos ante provincias que
atraviesan un déficit fiscal sin precedentes y que no están en condiciones de afrontar las
demandas salariales. Ante esta situación los gobiernos provinciales, transformados en
rehenes del gobierno nacional reciben esporádicas "ayudas" arbitrariamente
direccionadas, en función de las necesidades de apoyo del ejecutivo nacional o en virtud
de manifestaciones de afinidad que realicen los gobernadores.
Queda claro que estos objetivos que
esperaban lograrse como resultado del cumplimiento de la Ley de Financiamiento
Educativo, distan mucho de alcanzarse aún habiéndose cumplido la meta presupuestaria
del 6% del PBI. Ello pone en evidencia la insuficiencia de las respuestas basadas
exclusivamente en aspectos de financiamiento para dar solución a la acuciante
problemática educativa. Lo que hace falta es una verdadera política educativa de carácter
integral.
La educación argentina ha sufrido un
deterioro profundo como resultado de la aplicación de políticas educativas neoliberales
que han ido vaciando la capacidad de la escuela de producir aprendizajes significativos y
vínculos sociales que le den sentido.
Paralelamente la reforma del estado y la
aplicación de las políticas económicas de los años 90 produjeron el aumento de las
desigualdades y la pobreza dando lugar a un proceso de exclusión social sin
precedentes.
Estos dos factores se combinaron de tal
manera que reconfiguraron el dispositivo escolar, de tal modo que la escuela se convirtió
en una institución de contención social a costa de perder su sentido pedagógico.
En ese contexto, fueron los docentes
quienes debieron hacerse cargo -y lo hicieron- del aumento de la complejidad de la
escuela atendiendo a chicos y jóvenes más pobres, más fragmentados y más
desiguales.
El progresivo deterioro en el sistema
educativo público perjudica en forma directa a los sectores más vulnerables de nuestra
sociedad, quienes ya no solo son víctimas de la baja calidad educativa sino que sufren
también la permanente suspensión de las jornadas de clases con motivo de los reclamos
salariales de los trabajadores de la educación.
La igualdad de oportunidades para el acceso
ala educación y el conocimiento debe dejar de ser una consigna reivindicativa para
convertirse en una realidad concreta.
Para ello es imprescindible invertir en el
sostenimiento de un sistema educativo más equitativo. Sólo así se garantizara el
achicamiento de la brecha entre los más pudientes y una gran mayoría de postergados y
excluidos.
Ante la inminencia del inicio del ciclo, el
Estado Nacional tiene la responsabilidad de garantizar el comienzo de las clases en toda
la república y, en virtud de la emergencia social, debe hacerlo acudiendo a sus
riquezas.
Se trata, de invertir esas riquezas en la
solución de una crisis que involucra a todos los actores del sistema educativo nacional
poniendo en peligro su futuro.
Entendemos que las reservas del Banco
Central de la República Argentina no pueden permanecer intangibles ante esta
situación.
Es de público conocimiento que entre el año
2003 y 2009 se ha registrado una acumulación sin precedentes de reservas
internacionales, habiéndose quintuplicado según datos oficiales (pasando de US$ 8.245
millones a US$ 47.539 millones). La República Argentina no puede "darse el lujo" de
mantener estos abultados activos sin aprovechamiento alguno en el ámbito interno,
máxime cuando nos encontramos ante una crisis del sistema educativo y la utilización
de una porción mínima de ellos permitiría garantizar el desarrollo del ciclo lectivo en
todo el país, sin afectar en lo más mínimo la estabilidad monetaria y financiera.
Proponemos, entonces, la creación de un
fondo nacional que se financiará con reservas con que cuenta el Banco Central de la
República Argentina, destinado exclusivamente a solventar los acuerdos que se
produzcan como parte de las negociaciones paritarias docentes de cada distrito. El mismo
será distribuido en forma proporcional a la masa salarial docente de cada provincia.
Concretamente, el fondo se integrará con la
suma de Ocho mil ciento noventa y nueve millones doscientos mil pesos, que el Banco
Central de la República Argentina transferirá de sus reservas al Consejo Federal de
Cultura y Educación, dependiente del Ministerio de Educación de la Nación.
La suma correspondiente a cada provincia es
calculada proporcionalmente con su participación en la masa salarial total de la Nación y
será transferida de manera automática, una vez que cada jurisdicción notifique los
acuerdos obtenidos en las correspondientes negociaciones de paritarias.
De este modo, el Estado Nacional
coadyuvará a que los docentes de las provincias de todo el país obtengan la
recomposición salarial que legítimamente reclaman. La medida propuesta en el presente
proyecto es el resultado de la urgencia, no pretendemos con ella resolver los problemas
de la escuela pública, tan solo garantizar el comienzo de clases en todo el territorio
nacional.
Se trata de una solución de emergencia,
considerando que con miras al 2011 -y vencido el plazo de vigencia de la Ley de
Financiamiento Educativo- debemos afrontar un verdadero compromiso que implica
replantear el modelo educativo nacional.
Para recuperar el sistema educativo es
necesario desarrollar políticas integrales que aborden la actualización de los planes de
estudio y los recursos de enseñanza, adaptándolos a la sociedad que se desea construir.
Se deberá fortalecer la enseñanza media, la que actualmente muestra los mayores
índices de repitencia y deserción -y, no es casual, la que mayores embates padeció
durante la vigencia de la nefasta Ley Federal de los 90-, e impulsar con mayor ímpetu la
educación técnica que durante aquellos años fuera prácticamente eliminada.
Debemos reformular el modelo educativo,
para que no solo constituya una sumatoria voluntarista de políticas aisladas, o a veces
yuxtapuestas, sino un verdadero sistema en toda la nación, partiendo del reconocimiento
de que el país se encuentra atravesado por desequilibrios regionales y estructurales en
todo su territorio.
Como punto de partida, es imprescindible
dignificar el rol del docente, sus condiciones laborales y la condición salarial como parte
de una política que prioriza la educación como motor del desarrollo social. Ello implica, en
primer lugar, asegurar un piso salarial digno y equitativo para todo el país, pero
garantizando, además, actualización y perfeccionamiento en servicio y un urgente
fortalecimiento del nivel de formación docente.
Por lo expuesto, y en virtud de la relevancia
del tema en tratamiento, solicitamos a los miembros de esta Honorable Cámara
acompañen con su voto afirmativo la presente iniciativa.
| Firmante | Distrito | Bloque |
|---|---|---|
| ALCUAZ, HORACIO ALBERTO | BUENOS AIRES | GEN |
| MILMAN, GERARDO | BUENOS AIRES | GEN |
| STOLBIZER, MARGARITA ROSA | BUENOS AIRES | GEN |
| PERALTA, FABIAN FRANCISCO | SANTA FE | GEN |
| LINARES, MARIA VIRGINIA | BUENOS AIRES | GEN |
| LOZANO, CLAUDIO RAUL | CIUDAD de BUENOS AIRES | MOVIMIENTO PROYECTO SUR |
| MERCHAN, PAULA CECILIA | CORDOBA | LIBRES DEL SUR |
| DONDA PEREZ, VICTORIA ANALIA | BUENOS AIRES | LIBRES DEL SUR |
Giro a comisiones en Diputados
| Comisión |
|---|
| EDUCACION (Primera Competencia) |
| LEGISLACION DEL TRABAJO |
| PRESUPUESTO Y HACIENDA |