Con 161 votos a favor, uno en contra y 16 abstenciones, la Cámara de Diputados de la Nación sancionó un proyecto que modifica la ley de estupefacientes respecto de la competencia de la Justicia Federal en casos de narcotráfico.

El miembro informante de la iniciativa fue el diputado Lucas Incicco (PRO), quien afirmó que “el narcotráfico es la principal amenaza contra los argentinos: corrompe a cambio de impunidad, destruye las instituciones y golpea más fuerte a los sectores vulnerables”.

“La ley 26.052 introdujo la desfederalización de los delitos de narcomenudeo. Lo que se busca es ampliar la capacidad de respuesta del Estado frente al flagelo de las drogas”, agregó. “Este proyecto, que viene en revisión del Senado, establece pautas distintas y novedosas, que mejoran el sistema que ha sido aprobado en varias provincias”, dijo.

Incicco explicó que a través de esta modificación “se crea en cada jurisdicción una mesa de diálogo que estará integrada por los jueces federales, los miembros del Ministerio Público Fiscal y los fiscales provinciales”.

“Lo importante es la articulación que exista entre la justicia federal y provincial conjuntamente con las fuerzas de seguridad provinciales y federales para que la prevención del delito sea efectiva”, concluyó el diputado.

Por su parte, el diputado Felipe Sola, de Red por Argentina, llamó la atención sobre “una fundamentación en la que parece que las provincias no han hecho otra cosa que molestar”.

“El tema del narcotráfico no se resuelve dejándolo sólo en manos de los jueces federales. Sino que se empieza a resolver a partir del narcomenudeo. Despreciar el narcomenudeo es no entender nada. Esta ley es un engaño y un mamarracho. Nos vamos a abstener”, adelantó el diputado opositor.

En respuesta a Solá, el diputado Guillermo Montenegro (PRO) advirtió que “el espíritu de esta ley es para aclarar una cuestión práctica de la competencia de la justicia federal y dar una mejor herramienta para las investigaciones”.

El texto sancionado establece modificaciones en la ley de Competencia Federal en materia de delitos para que, cuando se genere un conflicto de competencia, la investigación quede a cargo de la justicia federal hasta que se resuelva dicha cuestión.

Además, incorpora el artículo 34 ter a la ley 23.737 de estupefacientes que crea en cada jurisdicción una mesa de intercambio de información que está integrada por los jueces federales, los representantes del Ministerio Público Fiscal de la Nación, los fiscales provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y/o los jueces provinciales, que tengan a su cargo las investigaciones por infracción a la de estupefacientes y por los representantes de la Procuraduría de Narcocriminalidad.

En dicho ámbito se intercambiarán criterios de política criminal en torno a las investigaciones y se compartirá toda la información relacionada con las causas e investigaciones en curso.