Un plenario de las Comisiones de Pequeñas y Medianas Empresas y de Comercio de la Cámara de Diputados de la Nación realizó hoy una reunión informativa sobre la situación de la producción y comercialización de los biocombustibles y otras cadenas energéticas. Ante los legisladores, expusieron autoridades y representantes regionales.

Al comienzo del encuentro, el diputado Pablo Farías (Provincias Unidas), titular de la Comisión de Pymes, introdujo el tema y explicó que hay dos proyectos en análisis sobre biocombustibles: uno de autoría de la senadora Patricia Bullrich (LLA) y otro del diputado Carlos Gutiérrez (Provincias Unidas).

El primero en exponer fue Marcelo Kuszniersz, director de Doble L Bioenergías SA y presidente de CASFER (Cámara Santafesina de Energías Renovables), quien apoyó “en casi todos sus artículos el proyecto del diputado Gutiérrez”.

Kuszniersz defendió la eficacia de las pymes y desmintió que “el biodiesel o el bioetanol rompen los motores” de los vehículos. “Vayan a Brasil. El biodiesel en Brasil está con un corte hoy del 15% para charlarse a un 16%. ¿Se rompen los motores? No. De ninguna manera. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que discutir? Tenemos que discutir una ley, un marco regulatorio”, dijo.

A continuación, Axel Boerr, presidente de la Cámara Panamericana de Biocombustibles Avanzados (CAPBA) se refirió al “proceso de transformación que está transitando la Argentina” y también lo comparó con el país vecino. Boerr observó que “hace 10 años Brasil producía 70 millones de toneladas de soja, hoy produce 170”.

“Argentina produce más o menos lo mismo que producía hace 15 años. ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, es justamente el mercado de biodiesel, que es lo que traccionó la molienda y es lo que traccionó la producción y los márgenes. Y hay toda una industria que no es solamente la planta, la compañía productora, sino los fletes, la metalmecánica, la agricultura familiar y un montón de cosas que acá en Argentina tenemos la posibilidad de transformar también”, argumentó.

En tanto, Luis Zubizarreta, director Institucional Regional en LDC Argentina S.A. y presidente de la Cámara Argentina de Biocombustibles (CARBIO), explicó que “la mayoría de nosotros estamos de acuerdo en que hay que cambiar la ley actual”.

“Nosotros creemos que uno de los hitos importantes, y lo venimos diciendo hace mucho tiempo, es la competencia y la competitividad”, dijo Zubizarreta, quien respaldó el proyecto del Senado. “Después definiremos el nivel de corte, que sí estamos de acuerdo en que habría que apuntar a un nivel más alto. Nos parece que, en la medida en que salgamos del esquema actual y entremos en este esquema de competencia como define el proyecto, vamos a tener precios más bajos”, aseveró.

Patrick Adam, CEO de DS Ingeniería y Proyectos y director Ejecutivo de la Cámara de Bioetanol de Maíz, quien argumentó que “hace 10 años que la industria del bioetanol está estancada, que no crece, que está bajo un régimen muy duro que no le permite aumentar el corte”. “El sistema actual que rige al bioetanol está agotado”, resumió.

“Nosotros estamos muy agradecidos con la Secretaría de Energía que nos ha escuchado, hemos trabajado muy duro. Muchos de los puntos que nosotros sugerimos fueron tomados en este proyecto que presentó la senadora Patricia Bullrich y eso nos asegura un mercado futuro que no solo crece por el mercado obligatorio que pasaría al 15%, sino con un mercado libre por encima de ese umbral”, explicó Adam.

Asimismo, Federico Martelli, director Ejecutivo de CEPREF (Cámara de Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles) manifestó que “suelo escuchar que la ley 27640 está agotada, que no sirve, que es una mala ley: sin embargo, gracias a esa ley la Argentina produce alrededor de 850.000 toneladas de biodiesel para el mercado interno, 25 plantas de las cuales 24 están ubicadas en el interior del país”.

“Nosotros estamos dispuestos a discutir una nueva ley con algunos preceptos en los que nos podemos poner de acuerdo, el aumento del corte -que nosotros consideramos que debe estar entre el 15% y el 20%-, la construcción de un articulado que permita tener un equilibrio productivo entre provincias y, sobre todo, garantizar el cumplimiento de la seguridad jurídica y de los derechos adquiridos”, desarrolló Martelli.