En defensa del proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo, expuso German Pugnaloni, Director Nacional de Normativa y Relacionamiento con los Poderes Judiciales y Ministerios Públicos del Ministerio de Seguridad.

“La idea era presentar este proyecto como una ley moderna que viene a recopilar la normativa existente en la regulación de la materia. Actualmente se encuentra vigente la Ley 23.184, que regula los delitos cometidos en el ámbito de espectáculos deportivos. Es una ley del año 1985, que ya tiene más de 40 años y que ha sufrido una serie de reformas a lo largo de los años y las distintas gestiones de gobierno”, explicó Pugnaloni.

“Nosotros consideramos que es necesaria la reforma y la definición de un nuevo régimen de prevención y sanción de delitos en el ámbito del deporte, ya que el derecho penal debe intentar prevenir situaciones que tienen que ver con el conflicto social”, añadió. 

En ese aspecto, el funcionario consideró que “el conflicto social es dinámico y las modalidades delictivas también van avanzando y se van modernizando”. “Por tanto, creemos en la necesidad de un régimen que prevea y que tenga en consideración estas nuevas dinámicas delictivas y esta nueva forma de actuación por parte del delito, de los delincuentes, de una manera absolutamente más compleja, dinámica y organizada”, argumentó el Director Nacional de Normativa y Relacionamiento con los Poderes Judiciales y Ministerios Públicos. 

Según detalló el funcionario, la iniciativa “transforma algunas conductas que estaban siendo contempladas como contravenciones y las pasa a la consideración como delitos”. “Grupos organizados y organizaciones criminales utilizan al fútbol como a una unidad más del negocio criminal, de esa manera creemos que debe ampliarse el concepto de vinculación de la actividad criminal con la actividad deportiva”, explicó. 

En otro orden temático, la Comisión de Legislación Penal comenzó el análisis de proyectos de ley relacionados con la persecución del narcotráfico. 

La diputada Agustina Propato (UxP) explicó su proyecto de ley que modifica la ley de estupefacientes y plantea volver a darle mayor injerencia a la justicia federal en las investigaciones. 

“En el 2005 se debatió, se deliberó en esta Casa y también en el Senado de la Nación, la necesidad de abordar la temática de lo que se llamó narcomenudeo a partir de hacer un traspaso de jurisdicción, que tenía la jurisdicción federal a las jurisdicciones provinciales. Ahora bien, han pasado más de 15 años desde esa decisión y han adherido 12 provincias argentinas a la desfederalización”, explicó Propato. 

En este sentido, la diputada de Unión por la Patria señaló que “es importante ver cómo a partir de la provincialización aumenta la persecución penal de los casos del microtráfico o narcomenudeo e, inversamente proporcional, se achica o se reduce sensiblemente los casos que llegan a la jurisdicción federal”. 

“Es evidente que el hecho de ir a la persecución penal de la comercialización en menor cuantía, en fraccionamientos menores, la persecución penal a la tenencia, al consumo personal, obstruye la posibilidad de seguir el lineamiento de la investigación para llegar a lo que ha sido reservado para el interés federal”, concluyó Propato.

Sobre el mismo tema, pero con una visión opuesta, la diputada Gisela Scaglia (Provincias Unidas) defendió su proyecto que propone la ampliación de la competencia provincial en materia de estupefacientes.

“Desde la provincia de Santa Fe, cuando nosotros adherimos a la ley de narcomenudeo, los resultados cambiaron abismalmente. Y nosotros podemos dar cuenta de que esa adhesión nos permitió, desde la provincia, poder abordar de lleno el narcotráfico que obviamente tenía como epicentro la ciudad de Rosario, y que todos saben la situación de violencia que nos tocó atravesar y de las que fuimos protagonistas los argentinos”. 

“Vengo a plantear que nosotros tenemos que ampliar la desfederalización y hacer que las provincias puedan tener más competencias”, sostuvo Scaglia. “Las provincias que estamos abordando el tema de narcotráfico y de seguridad de manera consciente y con mucho trabajo, hoy necesitamos tener más herramientas. Hay muchos casos que terminan no resolviéndose o que no le estamos encontrando la salida, porque quedan en una especie de limbo, si le corresponde a lo federal o le corresponde al fuero provincial”, concluyó la diputada.