En el marco de un tercer encuentro sobre buenas prácticas en apertura legislativa, la oficina de Modernización de la Cámara de Diputados recibió a referentes de la sociedad civil, funcionarios y periodistas, quienes expusieron sobre los avances y desafíos en materia de Parlamento Abierto.

El concepto de “gobierno abierto” se basa en tres pilares fundamentales: la transparencia, la participación y la colaboración. Argentina transita por su cuarto plan de acción, que incluye un apartado especial sobre Congreso Abierto. En este aspecto, la directora del Programa de Modernización de la Cámara, Dolores Martínez, explicó que “fue un desafío avanzar en la apertura parlamentaria en un contexto político cambiante”.

En ese sentido, la secretaria administrativa de la Cámara, Florencia Romano, destacó que “hubo acompañamiento político de todos los bloques” en las medidas que se aplicaron para transparentar procesos porque lo que “permite el consenso es que haya una continuidad”.

Sobre el camino recorrido en el área que lleva adelante, consideró que fue fundamental “generar confianza interna mediante el diálogo” a través de la Oficina de Comunicación Interna, la Ley de Acceso a la Información Pública e informes de gestión. La funcionaria, ante consultas de periodistas, detalló que hay “17 mil resoluciones presidenciales digitalizadas”.

La periodista Carolina Ramos, de El Parlamentario, expresó que Congreso Abierto eleva los “estándares de transparencia y achica la brecha entre ciudadano y Parlamento”. Entre los desafíos, remarcó la necesidad de “poder lograr una comunicación eficiente, accesible, fácil de comprender y hacer un esfuerzo en la traducción”. Mencionó que “si bien se ha avanzado mucho, no hay informes sobre presentismo en las comisiones” y el acceso a dictámenes “muchas veces nos llega por voceros”.

En el mismo sentido, el periodista parlamentario, politólogo y autor del libro “Los Secretos del Congreso”, Gabriel Sued, expresó que “se requiere de voluntad política y está bien plantear estos temas”. Además, explicó que hay un estancamiento en el Congreso que se traduce en que la sociedad “se sienta vulnerada”.

Sobre este aspecto, Sued planteó la posibilidad de jerarquizar una “agenda no conflictiva” que permita rebatir esta idea de que la política no trabaja. Al igual que su colega, se refirió al tema del presentismo de los diputados.
Mara Pegoraro, politóloga y funcionaria Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, compartió la idea de una “microlegislación” y que el Congreso se empiece a entender como una “institución pública pasible de rendir cuentas”.

Respecto a la transparencia consideró que “se debe echar luz sobre los procedimientos de negociación de leyes, con la medición de impacto y rendición de cuentas” y consideró que “no habría transparencia sin la ley de acceso a la información pública”.

A su turno, Alejandra Svetaz, directora de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Senado, resaltó la idea de “inculcar el servicio público” y repasó la experiencia de la Cámara alta, a través de tres áreas: la Dirección de Fortalecimiento Institucional; el Programa de Calidad y Extensión y la oficina que preside.

Para ello, la funcionaria reconoció que fue “difícil” pero hubo coincidencias en que estas “transformaciones se puedan sostener en el tiempo”. A su vez, mencionó la tecnología aplicada a la transparencia mediante el programa de actualización digital, el sistema de gestión documental digital, la incorporación de la firma digital, buscadores más simples, el diario de sesiones online, entre otros.

Desde la ONG Directorio Legislativo consideraron necesario avanzar en una participación ciudadana más plural; en la integridad pública ética y en la rendición de cuentas, más allá de la Ley de Acceso a la Información Pública en la cual –afirmaron- “todavía el Congreso está en deuda”.

La Alianza para el Gobierno Abierto es una iniciativa internacional lanzada en 2011 por 8 países (Brasil, México, Estados Unidos, Filipinas, Sudáfrica, Indonesia, Noruega, Reino Unido), que busca brindar una plataforma para reformadores locales comprometidos a que sus gobiernos rindan cuentas, sean más abiertos y mejoren la capacidad de respuesta hacia sus ciudadanos.

Actualmente, la iniciativa cuenta con 72 países en los que trabajan articuladamente, gobierno y sociedad civil, para desarrollar planes de acción que promuevan el gobierno abierto en cada uno de sus países. Argentina se incorporó en el año 2012.

Del taller participaron las organizaciones Poder Ciudadano; Conocimiento Abierto; Democracia en Red; Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia; Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento, entre otras.