El proyecto obtuvo 61 firmas a favor y quedó habilitado para ser tratado en el recinto de la Cámara de Diputados de la Nación. En el mensaje del Poder Ejecutivo, se explica que “la iniciativa pretende crear un régimen integral de incentivos, seguridad jurídica y estabilidad normativa destinado a atraer proyectos de inversión de gran escala dedicados exclusivamente al desarrollo de nuevas actividades económicas”.

El texto busca “garantizar la prosperidad del país, incrementar las exportaciones, generar empleo de calidad y consolidar el sendero de crecimiento sostenido”.

Al comienzo de la reunión, la diputada Daiana Fernández Molero (PRO) destacó que “esta iniciativa nos parece una muy buena ley, especialmente en el contexto de la Argentina y las necesidades que tiene la Argentina”.

“Lo que nosotros vemos, tanto en el RIGI como en el Super RIGI, es una forma de adelantar esa normalidad que puede tardar mucho tiempo en llegar y hasta que llegue, las oportunidades van pasando. Entonces, a las buenas leyes, lo que queremos es, justamente, blindarlas de críticas y hacerlas más fuertes”, añadió.

Fernández Molero adelantó las propuestas realizadas por el bloque del PRO que “han sido aceptadas y que se incorporaron al dictamen”, entre las que mencionó “el criterio de nueva actividad y que se haya creado el registro público de proyectos”.

Desde la bancada de Unión por la Patria, Mario Manrique (UxP) expresó el rechazo a la iniciativa del Poder Ejecutivo.

“Nuestro rechazo a este proyecto de ley se basa en que más que un proyecto de ley parece un contrato de locación. O un contrato entre particulares, entre grandes corporaciones del mundo tecnológico que quieren comprar una estancia. Y que el patrón de la estancia, como si quiera ir a vivir a otro lado, la quiere vender a precio vil”, argumentó.

Según Manrique, “este proyecto beneficia a las grandes corporaciones”. “No sólo va a beneficiar a las grandes corporaciones del mundo de la tecnología. Todo aquel que tenga necesidad de explotar nuestros recursos naturales y tenga la capacidad de inversión que este proyecto exige seguramente lo va a venir a solicitar”, añadió.

Por su parte, el diputado Eduardo Falcone (MID) expresó el respaldo al Súper RIGI, “por las condiciones de estabilidad jurídica cambiaria y algunos beneficios impositivos por 30 años”. “Este país en los últimos 50 o 60 años ha cambiado todas las reglas de juego que perjudican a la seguridad jurídica y a la gente que quiere invertir”, fundamentó.

En representación del bloque del Frente de Izquierda, el diputado Nicolás Del Caño (FIT) consideró que “este es un régimen exclusivo o de privilegio”. “Contradice un poco el discurso de libertad del propio gobierno, porque parece que algunos sectores tendrían más libertad que otros. En este caso, los grandes capitalistas vinculados quizás a la inteligencia artificial, a las nuevas tecnologías, a los data center”, manifestó.