Al inicio de la reunión conjunta, la titular de la comisión de Legislación Penal, Laura Rodríguez Machado (PRO), informó la decisión que tomaron en conjunto con los presidentes de bloque. “Por ahora, no emitir despacho, pero sí vamos a trabajar en la posición que tienen cada uno de los bloques sobre la modificación del Régimen Penal Juvenil”. Al respecto, detalló que se desarrollaron siete reuniones de comisión donde se escucharon doce autores de los distintos proyectos que van a ser tenidos en cuenta a la hora de dictaminar y a más de veintiséis especialistas en las diversas temáticas.
La legisladora Soledad Carrizo (UCR) expresó que “la sociedad no entiende de debates, de mayores situaciones informativas y tenemos que darles claramente una solución”. En la misma línea, sostuvo que “esto está agotado, tenemos que avanzar en un dictamen”. Asimismo, remarcó que “nos quedamos en cifras aritméticas, pero hay que entender que esta criminalidad infantil existe y tenemos que abordarla definitivamente”.
Luego, Marcela Campagnoli (Coalición Cívica), afirmó que “no hay plata y la realidad es que no tenemos adonde alojar a los menores, entonces es necesario este debate adecuado y sincero”. Al afirmar que “la mayoría de los proyectos son coincidentes”, solicitó avanzar “en un sistema que le dé garantías procesales al menor que no tiene, que sí tenemos los adultos, y que está totalmente a discreción de un juez, que no tiene que fundar nada”.
Desde la Izquierda Socialista FIT-Unidad, Mónica Schlotthauer, ratificó que “vamos a rechazar en un 100% el proyecto”. En esa línea, señaló que “no hay ninguna garantía de que se va a terminar con la inseguridad, es al revés”. “Si seguimos metiendo pibes menores en cárceles de mayores vamos a ser universidades del hampa”, fustigó.
El diputado Manuel Aguirre, de Democracia para Siempre, puntualizó que “el tema de la delincuencia juvenil es multicausal, no es exclusivamente del Estado y el gran problema que tenemos en la Argentina es que la familia se ha diluido”. “Le pido al Gobierno Nacional y a los Gobernadores que hagan institutos, para reeducarlos, y no cárceles, que son para mayores”, enfatizó.
Desde el mismo bloque, Fernando Carbajal, recalcó que “no podemos discutir el Régimen Penal Juvenil si no asumimos la responsabilidad de establecer cuáles son las reglas mínimas que tienen que adecuarse los centros de contención de menores en conflicto con la ley penal”. Y, prosiguió: “Esto, en términos de políticas de seguridad, va a tener un impacto igual a cero. Sin perjuicio de esto, creo que es necesario discutir nuestro régimen porque tiene falencias”, concluyó.
Representando al Movimiento Popular Neuquino, Osvaldo Llancafilo, aseguró que “vamos a acompañar la baja de edad de imputabilidad, estamos de acuerdo con los 14 años”. “Es un buen paso para dar respuesta a una cuestión coyuntural que vivimos y el Estado tiene que ocuparse de la resocialización de estos jóvenes”, añadió.
Agustina Propato, de Unión por la Patria, manifestó que “es absolutamente necesario construir desde una nueva visión de la estatalidad una respuesta real al postergado régimen penal juvenil”. Sobre el proyecto del PE, la diputada criticó que “tiene bastante de un oportunismo coyuntural carroñero de la tragedia que hemos vivido recientemente, que a todos nos interpela, pero creo no puede estar sujeto a estos momentos en donde la opinión mediática y pública exige respuestas y van allí inmediatamente a sacar cual delivery una respuesta inconstitucional”.
Para concluir el plenario, hizo uso de la palabra Manuel Quintar (LLA), titular de la comisión de Justicia, declaró que “es un tema central, es una demanda de la sociedad y la verdad que me da vergüenza como Diputado de la Nación no dar una respuesta y entrar en debates burocráticos técnicos”. Al respecto, instó “a dar un mensaje claro y rápido” al convocar a todos para “que esta semana circularicemos el proyecto y la semana que viene, si es posible, convocar a un plenario para dictaminar”, finalizó.