Trabajo legislativo
22 de agosto de 2023
MARISA GRAHAM PRESENTÓ EL INFORME ANUAL DE LA DEFENSORÍA
La Defensora de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes brindó un nuevo informe elaborado por el organismo que preside, respecto a la situación de las infancias en Argentina en 2022.

“El 2022 ha sido un año de gran consolidación de la Defensoría, con mucho fortalecimiento institucional”, ponderó la defensora de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, Marisa Graham.


En el marco de la Comisión Bicameral del Defensor de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, presidida por la senadora Clara Vega (Hay Futuro Argentina), la funcionaria indicó que “crecimos porque la demanda nos obliga a crecer”, al tiempo que aseguró: “Hemos avanzados en el otorgamiento de muchas licencias que están relacionadas con el cuidado de niñas, niños y adolescentes””.


Además, la titular de la Defensoría Nacional de niños, niñas y adolescentes, adelantó que “la próxima semana se presentará un documento sobre cuáles son los derechos alcanzados que la Defensoría va a defender”, en relación a las estrategias y políticas electorales, al afirmar: “No vamos a permitir que se retroceda en los derechos que hemos conseguido”.


Respecto al informe perteneciente al año 2022, Marisa Graham enumeró algunos avances: “Tuvimos muchísima expansión de las redes, viajamos a todas las provincias y hemos establecidos vínculos con organismos internacionales”.


En relación a las herramientas defensoriales en educación, la Defensora aseveró que “cuando hay una política pública eficaz y eficiente, las chicas y los chicos la toman”, mientras que destacó “las campañas de información y sensibilización”, destinadas a “visibilizar los problemas de las infancias”. "Es necesario encarar una política nacional, provincial y municipal que abarque a las niñas y niños de 13 a 17 años que son los más afectados", subrayó.


De la reunión que se realizó en el Salón Arturo Illia de la Cámara alta, también participó Juan Facundo Hernández, defensor adjunto de los Derechos de niñas, niños y adolescentes de la Nación, quien hizo hincapié en que “algún día debe dejar de ser un problema estructural”, y para eso, instó a trabajar en un plan estructural que “involucre a todos los ejes por el cual venimos bregando que tiene que ver con alimentación, salud, agua y transitabilidad de caminos, todo esto atravesado por la interculturalidad”, expresó.


En tanto, Hernández detalló que “hemos realizado 255 pedidos de informe de gestión, el 40 % a organismos especializados de la niñez, casi 30 % al Poder Judicial y casi 13 % al gobierno Nacional. Estos pedidos son ejes principales para poder trabajar en casos individuales o colectivos”.


Asimismo, expuso Josefina Doz Costa, de la dirección de Recepción de Consultas y Denuncias de la Defensoría, quien especificó que dicho organismo “recibe las denuncias y consultas, tiene el contacto directo con el peticionante, la atención directa puede resolver, orientar y canalizar la demanda o pueda pasar a una instancia que requiere admisibilidad”.


En esa línea, puntualizó que “tenemos 559 peticiones ingresadas, esto implica un 70% de evolución de la demanda desde el primer informe de gestión”. “Este año, de lo que vamos recibiendo, son 368 casos del corte al 15 de agosto, y estaríamos proyectando más de un 50% de crecimiento de la demanda desde el período 2022-2023”, agregó.


Además, expusieron en representación de la Defensoría Clarisa Adem, directora de Exigibilidad de Derechos y Litigios Estratégicos; Cecilia Sgariglia, responsable del Área de Participación y Protagonismo de Niñas, Niños y Adolescentes; y Víctor Eduardo Andrés, de la secretaría de Coordinación Administrativa y Financiera.


Por su parte, la vicepresidenta primera de la Bicameral, diputada Victoria Morales Gorleri (Pro), se refirió a la importancia de “conocer los avances y los desafíos que tenemos en esta temática que duele y que aún como Nación tenemos mucho por crecer”.


Luego, su par Paola Vessvessian (FdT) manifestó que “donde hay una necesidad, hay un derecho”, y en ese sentido, enfatizó: “Es nuestra obligación elaborar políticas públicas para garantizar que esos derechos se cumplan”.