La ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, expuso hoy ante un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Vivienda y Ordenamiento Urbano, Legislación General, y Presupuesto y Hacienda, los principales lineamientos del proyecto de ley que propone expropiar terrenos para urbanizarlos mediante la creación del régimen de integración socio urbana y regularización dominial que beneficiaría a 3,5 millones de personas, equivalente a 850 mil familias.

“El proyecto de urbanización es una deuda histórica con cada una de las familias que viven en los barrios populares, no sólo por la ausencia de los servicios básicos sino por la falta de posibilidad de acceder a la titularidad de las viviendas en donde viven hace gran cantidad de años”, aseguró Stanley.

En ese sentido, la ministra precisó que el 40% de la población que vive en los barrios relevados tiene menos de 15 años y el 70% menos de 29 años. “Si trabajamos en serio y en forma conjunta, vamos a apuntalar al sector joven, brindándole oportunidades y mejorando sus condiciones de vida”, afirmó la Ministra. “Nos animamos a zanjar diferencias con personas con las que no pensábamos igual para lograr una Argentina más equitativa y con mayor justicia social”, agregó.

Al sostener que “todos estamos de acuerdo con el objetivo del proyecto”, Gabriela Cerruti (Frente para la Victoria-PJ) le consultó a la Ministra si el proyecto “va a contar con el reflejo presupuestario necesario para que se lleve adelante para no quedarse en promesas que después no se cumplen”. Al respecto, la funcionaria sostuvo que “cada año presentamos presupuestos que muestran un compromiso social por parte del Gobierno Nacional”.

El diputado nacional Andrés Vallone (Unidad Justicialista) expresó “preocupación sobre la garantía jurídica” al haber avanzado en los relevamientos –según dijo- sin la participación de los municipios y las provincias. “Hablé personalmente con cada uno de los ministros de las provincias y se mandó nota oficial a cada municipio avisando del relevamiento”, respondió la ministra de Desarrollo Social.

Romina Del Plá (Frente de Izquierda y de los Trabajadores) preguntó: “¿Cómo se prevé que una familia que habita en dichos barrios, con los ingresos actuales, pague los servicios públicos y la contraprestación de la vivienda?”. Stanley afirmó que el Gobierno “apuesta en cada presupuesto que presenta al Congreso a destinar cada vez más recursos a la cuestión social”.

Leonardo Grosso, desde el Peronismo para la Victoria, solicitó celeridad en el tratamiento del proyecto por el contexto “preocupante” que se vive hoy en los barrios populares. Además, dijo que “es bueno que el Congreso tenga en agenda los problemas reales de la gente y no los que representan los intereses concentrados”.

Marco Lavagna (FUNA) pidió dejar en claro en el texto cuánto dinero se va a destinar en el proyecto para que “no termine en políticas que duran mucho tiempo o no se terminan implementando”. Stanley detalló que “el presupuesto se define entre los tres actores involucrados: Municipio, Provincia y Nación”.      

Desde Córdoba Federal, el diputado Paulo Cassinerio condicionó el apoyo de su bloque a la inclusión de ocho barrios populares de Córdoba por considerar que “cumplen con los requisitos pedidos”. Al respecto, Stanley explicó que la idea fue cerrar el registro para evitar conflictos pero que se analizará el caso con el área correspondiente.        

La iniciativa dispone la utilidad pública y la expropiación de las tierras donde se levantan 4.228 barrios precarios en todo el país, identificados en el Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana (RENABAP), creado por decreto 358/2017 con el objetivo de darles el título de propiedad a sus habitantes y que obtengan los servicios básicos.

También propone la creación de un fideicomiso para financiar las expropiaciones que se realicen, cuyos fondos serán establecidos en la ley de presupuesto de 2019.

El proyecto fue presentado en abril por los diputados nacionales Mario Negri (UCR), Elisa Carrió (Coalición Cívica) y Nicolás Massot (PRO), presidentes de las principales bancadas del interbloque Cambiemos.

Participaron del plenario de comisiones Emilio Basavilbaso, director ejecutivo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), y Ramón Lanús, presidente de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE).