La Comisión Bicameral del Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes presentó, junto a la Procuración Penitenciaria de la Nación, el informe “Más Allá de la Prisión: Paternidades, maternidades e infancias atravesadas por el encierro”.
El informe de la Procuración Penitenciaria de la Nación contempla una serie de definiciones, entre las que se destaca que, “en Argentina la población privada de libertad y la cantidad de familiares de presos y presas viene aumentando año tras año”.
En la actualidad, hay alrededor de 92.000 personas presas y se estima que hay cerca de 146 mil niños, niñas y adolescentes (NNA) con al menos un padre o madre detenidos.
Este informe intenta visibilizar la situación de los y las NNA y sus familiares; aportar argumentos críticos frente a las políticas punitivas y promover políticas sociales que consideren el impacto del encarcelamiento en las familias de las personas detenidas.
La publicación contó con la colaboración de la Asociación Civil de Familiares de Detenidos (ACIFAD), la Oficina Regional para América Latina y el Caribe Church World Service (CWS) y el apoyo de Unicef Argentina.
La diputada y miembro de la Bicameral, Carla Carrizo, expresó que “es un orgullo llevar esta agenda de temas invisibilizados por la dirigencia política. Es un informe muy conmovedor y ahora tenemos el mapa de una infancia y adolescencia que desconocemos”, puntualizó.
Tras contar que el 80% de los NNA no tienen vínculo con sus padres detenidos, pidió que se ejecuten políticas públicas en la materia y que se trabaje entre organismos.
Ariel Cejas Meliare, adjunto de la Procuraduría Penitenciaria de la Nación, consideró que es una “investigación sumamente importante, que dio voz a los 146 mil chicos que atraviesan esta problemática de padres y madres encerrados”.
Luego de agradecer por el “valor de las personas que nos permitieron sus miradas para adentrarnos en un fenómeno sutil, pero de enorme sensibilidad para las personas privadas de su libertad” este informe- continuó Cejas- es una contribución a interpelar sobre la cárcel y para promover políticas responsables y respetuosas de los Derechos Humanos”.
En el mismo sentido, Hernán Monath, especialista en Protección de Derechos de UNICEF Argentina, resaltó el compromiso con este trabajo que “generó mucha satisfacción y tiene un valor superlativo”.
Para UNICEF, uno de cada cuatro NNA tiene responsabilidad parental o marental sobre sus hijos, por ello “es necesaria una mayor vinculación entre organismos de protección de la niñez y que el Estado pueda establecer que no se vean afectados sus derechos y se los ayude a reconfigurar el vínculo familiar”.
El estudio fue presentado por las investigadoras María Bernarda García, Laura Maccarrone, Laura Rossetto y Lucía Pisciotano.
García estuvo a cargo de la presentación y contó que fue un proceso de trabajo de 2 años con el apoyo de las organizaciones. Luego realizó una introducción con entrevistas semiestructuradas con las principales dimensiones del encarcelamiento.
El estudio se realizó en las unidades carcelarias del Área Metropolitana de Buenos Aires y las unidades de Chaco y Chubut. Objeto del estudio fueron madres y padres adultos y adolescentes -entre 18 y 21 años- alojados en institutos de menores de la Ciudad de Buenos Aires; familiares y funcionarios.
García expresó que hay “más de 100 mil personas privadas de su libertad en Argentina, un fenómeno que no para de crecer desde 2017”. Representa 500 mil familiares, de los cuales casi 150 mil son niñas y niños, y 7 de cada 10 tienen menos de 12 años.
“Hay un fuerte desmembramiento familiar: el 84% de los niños queda a cargo de su madre si el padre es privado de su libertad, mientras que el 19% queda con su padre en una situación inversa y un menor porcentaje con abuelos”, detalla el informe.
En cuanto a los obstáculos para mantener vínculos, García mencionó que las visitas están atravesadas por una importante burocracia, con demoras afuera de la cárcel en lugares a la intemperie, no aptos para NNA. También destacó las enormes distancias en las que “viajan entre 1 y hasta 7 horas”, lo que ocasiona que “el 46% de los NNA no visita a sus padres o madres” y el impacto de la estructura institucional.
En cuanto a las estrategias para mantener el vínculo, García graficó que son frecuentes las llamadas telefónicas, la visita en la cual el 54 % de los NNA ve a su padre o madre y el “trabajo intramuro” que les permite a los detenidos colaborar con la economía familiar.
Desde el equipo de investigación de la penitenciaria manifestaron que fue “un proceso sumamente enriquecedor, que implicó ampliar las miradas y el análisis del encarcelamiento”.
Por último, Marisa Graham, la designada Defensora de los Niños, Niñas y Adolescentes ante la Bicameral -su pliego aún se encuentra en el Senado-, dijo que el 98% de las personas presas pertenecen a “sectores empobrecidos y todo se hace más forzoso y grave ante esta situación”. Además, advirtió que “efectivamente hay un abandono del Estado y una violencia institucional que persiste”.
De la jornada participaron también las diputadas María Teresita Villavicencio (Evolución Radical), Mónica Macha (Fpv-PJ), Rosa Muñoz ( Trabajo y Dignidad), la diputada (MC) María José Lubertino, y autoridades de la Procuraduría Penitenciaria de la Nación.