Con la participación de especialistas en economía y representantes de la sociedad civil, se desarrolló en la Cámara de Diputados un conversatorio sobre acuerdos internacionales y libre comercio.
Moderado por la diputada Fernanda Vallejos (FpV-PJ), la jornada se centró en cómo las políticas económicas de orden internacional impactan en la soberanía y los derechos humanos de cada país. “Son temas de nutrido interés para nuestros ciudadanos”, destacó la legisladora.
En la apertura, Laura Giménez, jefa de los departamentos de Política Social y Legislación de la Unión Industrial Argentina (UIA), abordó las implicancias del acuerdo firmado entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur: “Representa el acceso a un mercado de 500 millones de consumidores y debería potenciar nuestro desarrollo y avance tecnológico”.
Sin embargo, Giménez reflexionó que “no se conoce la letra chica del documento y no tenemos ninguna certeza a futuro”. Al tiempo que apeló a que “su implementación debería realizarse en un contexto de crecimiento y desarrollo de nuestra economía”.
A continuación, Luciana Ghiotto, investigadora del CONICET, consideró que “hace 25 años los tratados de libre comercio eran pensados como instrumentos de esperanza para el desarrollo económico y se fundaban en grandes promesas”, aunque “ninguna de ellas se cumplió”.
A su turno, Jorge Marchini, vicepresidente de la Fundación para la Integración Latinoamericana (FILA), analizó las asimetrías que plantea el tratado entre la UE y el Mercosur: “Es una igualdad entre desiguales”. Y consideró que “los desafíos que este tratado nos plantea a futuro son la exigencia de transparencia en los términos de acuerdo y la realización de estudios de impacto en cada una de las áreas de la economía involucradas”.
Con respecto al tema de los reparos en temas de patentamientos que contienen los TLC, Lucas Rizzo Arrivillaga, representante de ENAC (Asociación Empresarios Nacionales), expresó que “es crucial fortalecer el rol del INPI (Instituto Nacional de la Propiedad Industrial) como órgano de regulación de la propiedad intelectual y el desarrollo de las patentes nacionales”.
En el mismo sentido, Lorena Di Giano, directora ejecutiva de la Fundación Grupo Efecto Positivo (GEP), cuestionó el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), que incluye el acuerdo comercial de ambos bloques económicos, porque implica que cada Estado sancione su propia legislación de patentes. “En 2012, Argentina instrumentó las guías de patentabilidad para contrarrestar los monopolios y, sobre todo, en la industria farmacéutica”, señaló Di Giano y lo definió como “el modelo de patentamiento más valorado en el mundo”.
Participaron del debate también Santiago Basso, abogado y miembro de la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (CILFA); Santiago Lombardi (CTA); Esteban Motta, miembro de la Federación Agraria Argentina; María Elena Saludas, integrante de ATAC de Argentina; Ximena Gómez (Foro Feminista contra el Libre Comercio).