El Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, hizo mención a "la doctrina establecida por la Corte a partir del caso Ferrari con Levinas, que salió en el último acuerdo de diciembre de 2024 dictado por estricta mayoría". "Allí, la Corte Suprema interpretó definitivamente que los tribunales nacionales ordinarios, con sede en la Ciudad de Buenos Aires, no obstante su carácter nacional, estaban ejerciendo una jurisdicción que, en principio, correspondía a la Ciudad de Buenos Aires, y que por lo tanto no se podía privar a la justicia de la Ciudad de asumir el rol de revisor de esos fallos”, explicó el Procurador.
Casal, además, manifestó que “en función de dicho caso presentaron por nota, el 9 de mayo de este año, al Poder Ejecutivo como solución, el dictado de un Decreto de Necesidad y Urgencia, destinado a una norma que nos de cobertura, y nos habilite a intervenir ante el Tribunal Superior de Justicia respecto de las causas en que intervenimos en la justicia nacional hasta tanto se complete la transferencia total de las competencias de la Nación a la Ciudad de Buenos Aires en materia de justicia común y ordinaria”.
El secretario de Coordinación Institucional de la Procuración General de la Nación, Juan Manuel Olima Espel, al comienzo de su alocución, valoró que “es la primera vez que somos convocados a los efectos de presentar el informe de gestión, el cual fue presentado en tiempo y forma antes de la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso”.
Al explicar los principales hitos del informe de gestión, Olima Espel destacó que “es la primera vez que un Procurador General fija los lineamientos de política criminal para la investigación de la criminal organizada”. Luego, al referirse específicamente al lavado de activos señaló que “hoy no existe delito complejo que no lleve aparejado una investigación financiera y el ataque a eslabones superiores de las cadenas, que muchas veces es lo que se necesita para desarmar las organizaciones criminales y no caer en el último eslabón”.
“A principios del año pasado y con el fin de aggiornar el Ministerio Público a una realidad existente, se lanzó el Programa de Inteligencia Artificial, para regular y concientizar su uso”. Y, al respecto, el secretario consideró que “la incorporación de la IA constituye uno de los desafíos estratégicos más significativos de la gestión”. También, subrayó que se institucionalizó el vínculo con la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) con el fin de “darle trazabilidad, transparencia y un único canal de información para lograr los objetivos”.
El secretario de la Procuración General de la Nación a cargo de la Secretaría Técnica y Disciplinaria, Juan Manuel Casanovas, a su turno, remarcó que “la transformación institucional que ha implicado para el Ministerio Público Fiscal la implementación del Código Procesal Penal Federal fue muy importante y radical”. En tanto, afirmó que “estamos siendo mucho más efectivos”. Asimismo, el funcionario especificó que “todo el Ministerio Público Fiscal de la Nación somos seis mil personas nada más para atender todo el narcotráfico y toda la criminalidad organizada de toda la Argentina”.
“El sistema acusatorio no es ni más ni menos que un sistema procesal en materia penal que redistribuye las tareas, donde todas las investigaciones quedan en manos de los fiscales, aportando claridad institucional a que se sepa quién tiene la responsabilidad de llevarla adelante. Y el Juez tiene un rol de garante de los derechos que existen en ese proceso y de control de nuestra actividad”, detalló Casanovas.
Al inicio del encuentro, quedó refrendado el cargo de vicepresidente de la Comisión, para el cual fue avalado el senador nacional Juan Cruz Godoy (LLA), quien se encontraba ausente cuando se constituyó la Bicameral .