En defensa del proyecto del Poder Ejecutivo, expuso Diego Marías, director nacional de Reforma Política del Ministerio del Interior de la Nación. “Me alegra saber que este tema es profundamente transversal, conté unos 29 proyectos presentados en este Congreso de la Nación desde el año 2003 a la fecha y son proyectos que abarcan o recorren prácticamente todo el arco político”, comenzó Marías.

Asimismo, el director nacional de Reforma Política explicó que “es una ley de lobby y lo que intenta es regularizar algo que en la Argentina se hizo, se hace y se va a hacer siempre, como en cualquier país, que es el lobby, el cabildeo o la gestión de los intereses entre los públicos y los privados, o entre los privados y el sector público”. 

“Creo que es un proyecto muy robusto y como todo proyecto que el Poder Ejecutivo manda a este Congreso, una vez que entra en su etapa legislativa, va a sufrir muchas sugerencias, aportes, cambios, va a ser perfectible”, aclaró. Del mismo modo, el funcionario puso el ejemplo de “países como Estados Unidos, como la Comunidad Europea en su conjunto, Brasil, Chile, recientemente Perú, México y Canadá que tienen sus leyes de lobby”. 

Durante el plenario, expusieron legisladores que también presentaron proyectos de ley que buscan regular el lobby. El diputado Miguel Ángel Pichetto (EF) fue el primero en defender su iniciativa.

“La presentamos en el año 2004 junto al senador Jorge Yoma. Y, lamentablemente, no pudo tratarse. A mí me parece un tema realmente importante. En la Argentina hay una característica que se repite, que es el tema de la gestión de negocios, en donde la figura del lobista o cabildero al estilo americano tiene que tener una transparencia y tiene que estar individualizado. Fundamentalmente tiene que saberse qué intereses representa”, explicó Pichetto.

En similar sentido, la diputada Karina Banfi (Adelante Buenos Aires) criticó que la propuesta del Ejecutivo “no viene a solucionar ningún problema y vamos a dejar de discutir los problemas que realmente hay que solucionar”.

“Nosotros en Argentina, con mucho esfuerzo, durante muchos años, hemos generado un ecosistema con varias leyes, en donde la Ley de Acceso a la Información Pública es la nave nodriza del bien jurídico que queremos proteger cuando hablamos de una ley de lobby. Si no respondemos los pedidos de acceso a la información con información veraz, clara y oportuna, realmente es muy difícil poder avanzar en este tipo de normas”, aclaró Banfi.

El diputado Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, defendió un proyecto de su espacio político, impulsado en la premisa de “mejorar los estándares en el sistema de integridad, transparencia, rendición de cuentas, financiamiento de la política y acceso a la información pública”. 

“Lo que estamos observando en el proyecto del Ejecutivo, es que no estamos frente a un verdadero régimen general simplificado, que le falta precisión. Y ahí es donde nosotros creemos que el proyecto nuestro se trata de ordenar en la primera parte lo que es la gestión de intereses, en la segunda parte los gestores de intereses, en las audiencias de gestión de intereses y su registro”, explicó Ferraro.

Durante el plenario de Comisiones, también expuso Oscar Agost Carreño, diputado mandato cumplido, autor de otra iniciativa de ley. Agost Carreño celebró “que estemos discutiendo el lobby, porque la verdad que no hay que prohibirlo, ni hay que demonizarlo”. “Creo que el proyecto del Poder Ejecutivo es robusto. La verdad que lo leí bastante, hay cosas que me gustan, cosas que no me gustan, pero la verdad que lo veo excesivamente regularista”, dijo Agost Carreño.

Desde el bloque de Unión por la Patria, Sebastián Galmarini (UxP) advirtió que el proyecto en discusión “parece ser una ley hecha a medida” que busca “regular los negocios que quiera hacer el gobierno”. 

“Nosotros nos tomamos el trabajo de plantear la creación de un instituto nacional de integridad y ética pública que sea bien endógeno, endógeno me refiero a que seamos los propios actores del sistema político los que regulemos la manera en la que hacemos política, en la que gestionamos las políticas públicas”, argumentó Galmarini.

En tanto, la diputada Agustina Propato (UxP) explicó que su proyecto fue presentado en el marco del acuerdo de facilidades extendidas con el Fondo Monetario Internacional, “en función de poder transparentar las posiciones de los distintos diputados que en ese momento decidieron por algo importantísimo, por la soberanía y la independencia económica del país”.

“Lo que planteaba el proyecto, que es antecedente del que presenta el Ejecutivo, tiene que ver con una incompatibilidad que planteaba que aquellos funcionarios que pudieran acreditarse asesorías -tanto onerosas como gratuitas u operaciones en jurisdicciones no cooperantes de organismos de crédito internacional-, no pudieran tener participación explícita en la votación de aquel acuerdo con el FMI”, detalló Propato.

La reunión informativa de ambas Comisiones continuará la semana próxima. Al final de la reunión, el titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Nicolás Mayoraz (LLA), adelantó que el miércoles a las 14 se convocará a ONG´s y asociaciones de la sociedad civil para participar del plenario y conocer su visión acerca del proyecto en debate.