El miembro informante del oficialismo Pablo Yedlin, presidente de la Comisión de Acción Social y Salud Pública de Diputados, se refirió a la actualidad nacional y al aumento significativo de casos de Covid-19, y en ese sentido, explicó que “la situación en la Argentina es de enorme gravedad”, por lo cual -puntualizó- “requiere de medidas restrictivas, además, de la vacunación y los testeos”.  

Con el objetivo de mitigar la segunda ola del coronavirus, el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 334 del 21 de mayo de 2021, prorroga el DNU N° 287/21 hasta el 11 de junio de 2021, y, además, establece medidas aplicables a lugares en alto riesgo epidemiológico y sanitario o en situación de alarma epidemiológica y sanitaria entre el 22 de mayo y el 30 de mayo de 2021 y los días 5 y 6 de junio de 2021.   

Desde el Pro, el diputado Pablo Tonelli se refirió a los alcances del DNU y remarcó: “No hay razón alguna de urgencia o necesidad, ya que nada de lo que sucede es imprevisto ni novedoso, debido a que la pandemia existe desde el año pasado”. "El esquema constitucional de reparto de competencias no se debe alterar por la emergencia", argumentó el legislador en relación a las restricciones locales y al federalismo.  

En contraposición, el senador Daniel Lovera (Frente de Todos) indicó: “No se puede tener 24 estrategias sanitarias diferentes ante una situación tan grave”. “La velocidad de los contagios aumentó considerablemente y debemos evitar la saturación del sistema de salud”, expresó.  

Desde la UCR, el diputado Gustavo Menna manifestó su posición en contra del DNU, al considerar que “debemos invalidar esta vía de gobernanza por decreto”, mientras que la senadora Silvia Giacoppo sostuvo: "Estamos ante una violación del federalismo por eso no vamos a acompañar este dictamen”.  

En respuesta a sus preopinantes, la diputada Carolina Gaillard (FdT) enfatizó: “Acá no está en juego la autonomía provincial; sí la salud y la vida de los argentinos”.