En el marco del Día Internacional del Derecho a Saber (que se celebra el 28 de septiembre) y al cumplirse (el 29 de este mes) dos años de la entrada en vigencia de la Ley de Acceso a la Información Pública en Argentina, desde la Cámara de Diputados se destacaron los avances en materia de transparencia y apertura a la ciudadanía.

La Ley N° 27.275 de Derecho de Acceso a la Información Pública fue sancionada en 2016 y entró en vigencia al año siguiente. Marcó un hito en materia de transparencia institucional y se convirtió en una herramienta fundamental para facilitar el acceso de la ciudadanía a datos e información de cualquier organismo público. El Día Internacional del Derecho a Saber apunta, precisamente, a subrayar la importancia de que cualquier ciudadano pueda tener acceso, de un modo sencillo y directo, a información sobre las administraciones públicas.

Luciana Cañete, responsable de la Oficina de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Cámara de Diputados, y Dolores Martínez, directora del Programa de Modernización de la Cámara, han liderado la apertura en este ámbito legislativo y los avances para el encuadre en el nuevo marco legal. A dos años de la vigencia de la ley, coinciden en que se han logrado avances significativos. Destacan, por ejemplo, la consolidación de un mecanismo ágil y eficaz para responder todos los pedidos de acceso a la información que se presentan en la Cámara. “Hemos logrado un diálogo fluido con la ciudadanía que ejerce este derecho y pudimos establecer un trabajo de colaboración entre distintas oficinas para satisfacer, en los plazos establecidos, todos los pedidos que recibimos”, subrayó Luciana Cañete.

Dolores Martínez, por su parte, hizo hincapié en “la importancia de haber fortalecido un espacio de co-creación con la sociedad civil a través de la creación de la Red de Parlamento Abierto de la Cámara de Diputados”. Subrayó, además, que “eso nos ha permitido generar proyectos exitosos como el del Portal de Datos Abiertos o el Portal de Leyes Abiertas”. En el primero se puede acceder a información institucional y a través del segundo, la ciudadanía puede participar de manera directa en la elaboración de proyectos de ley.

Ambas funcionarias coincidieron, a su vez, en el desafío de “institucionalizar los procesos implementados” y garantizar su continuidad. Destacaron, además, que la Cámara “ha mejorado sensiblemente su posición en el Índice Latinoamericano de Transparencia Legislativa” aunque señalaron que “todavía debemos trabajar en la consolidación de un vínculo de confianza con la opinión pública”.

Al detallar el trabajo realizado en estos años, tanto Cañete como Martínez destacaron el desafío que implicó ordenar los mecanismos por los que se gestiona la información; capacitar al personal e innovar en los sistemas y plataformas de difusión de la información.