En el marco de un plenario de las Comisiones de Previsión y Seguridad Social y de Presupuesto y Hacienda, distintos especialistas expusieron en torno al proyecto de ley que propone una moratoria previsional y cuenta con el aval del Senado.
En primer lugar, Adela Monge, asesora y ex presidenta de JubYPen Mendoza, respaldó la iniciativa, al señalar que “extiende y da la posibilidad de llegar a una jubilación en condiciones dignas”, con el objetivo de generar “la promoción y la defensa de los derechos humanos de las personas mayores”.
Por otra parte, el director de posgrado y profesor de Derecho de la Seguridad Social de la Universidad Nacional de Rosario, Jorge Boasso, analizó la figura del “seguro social” y señaló la necesidad de “reconocer proporcionalidades”, al considerar que difiere según los años de trabajo de cada individuo.
Posteriormente, el abogado especialista en seguridad social, Federico Despouli, puso el foco en que la moratoria generaría una “nueva entrada en el sistema previsional de 600 mil personas con una prorroga de dos años que nos llevarían a unas 1.600.000 personas”. “¿Cómo vamos a seguir incluyendo estas personas si no pensamos qué tipo de financiamiento vamos a hacer?”, se preguntó.
Hernán Letcher, contador y director del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), destacó las moratorias realizadas en diferentes contextos históricos, pero remarcó que “los grandes problemas del sistema previsional en la Argentina que seguimos discutiendo son: la caída del salario, la cantidad de trabajadores registrados, la precarización, la informalidad y los aportes y contribuciones”.
Adrián Antonio Tróccoli, abogado previsionalista, negó que “esto sea una emergencia”. “Esto es claramente estructural, me parece poco prolijo decir que lo tenemos que tratar en uno o dos meses cuando hay una ley que decía que había que hacer un proyecto integral, un nuevo proyecto de jubilaciones”, dijo. “Esta ley va a generar litigiosidad si sale así”, adelantó.
Reneé Girardi, del Centro de personas mayores Homero Manzi de CABA, manifestó que esta moratoria “es importante”. “Hay muchísimas personas que tienen los años de aportes pero no son suficientes y muchos que no tienen ningún aporte. En este caso, la moratoria se vuelve una herramienta indispensable para equiparar esta brecha, sobre todo entre hombres y mujeres”, advirtió.
En tanto, Alejandro Guillermo Chiti, abogado y consultor en asuntos de seguridad social, consideró: “La Argentina tiene una cobertura universal, y es un gran logro que hay que mantener, pero este problema, en Europa por ejemplo, se solucionó con pensiones no contributivas, no con moratorias. Se creó algo distinto, no se rompió el sistema contributivo para incluir al resto”.
En contraposición, Alberto Coco Meneses, presidente de la Federación Fuerza y Voluntad Transformadora, consideró que “el problema de una Argentina desigual no es el aporte de los jubilados, sino el aporte patronal que nunca se hizo. Esta ley viene a corregir el futuro de muchos que no están jubilados”.
Por último, Gustavo Caleau, abogado previsionalista y concejal de Mendoza, defendió la moratoria al analizar el universo de trabajadoras de casas particulares, “compuesto por 1.400.000 personas, donde un 99,3% son mujeres”.
“Esas mujeres que ayudan en la crianza de los hijos, que cuidan la comida, que ayudan en las tareas del hogar, si esta ley no sale, el primero de enero del año que viene van a necesitar cinco años más trabajando en relación de dependencia para poderse jubilar”, aseveró Caleu.