El proyecto busca establecer un régimen de prevención y erradicación de casos de violencia institucional por fuerzas policiales, de seguridad y servicios penitenciarios en todo el territorio nacional. Asimismo, apunta a crear un programa de reentrenamiento con perspectiva de DDHH para dichos organismos y la asistencia integral y reparación a las víctimas, entre otras cuestiones.

En tanto, la norma también fija principios básicos sobre el empleo de armas letales y no letales cumpliendo con los estándares internacionales. Con respecto a las víctimas de violencia institucional, la iniciativa dispone que “tienen derecho a una reparación plena y efectiva que comprenda medidas individuales tendientes a restituir, indemnizar y rehabilitar a la víctima".

La Defensora General de la Nación, Stella Maris Martínez, remarcó que el proyecto “es importantísimo e innovador”, pero tiene, a su criterio, “algunos defectos técnicos que habría que mejorar”. “Es un problema grave que no está lo suficientemente visibilizado y la iniciativa sirve para instalar el tema en la opinión pública y en el Congreso”, consideró.

Luego, Cristina Castro, madre de Facundo Astudillo Castro, expresó que “la ley de víctimas existe, pero no se está cumpliendo. Entonces, necesitamos que se respeten las normas”. “Además de lidiar con la muerte de nuestros hijos tenemos que hacerlo con fiscales y jueces, que no investigan, sino que hostigan, sufriendo así un continuo amedrentamiento causando mucho daño”, criticó.

Desde la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Alejandro Amor, su titular, valoró el proyecto que “reafirma la necesidad del debate y de profundizar las políticas”. Asimismo, señaló que es fundamental tener “un cambio cultural, ya que creemos firmemente en la necesidad de construir fuerzas de seguridad democráticas basadas en el principio de la seguridad ciudadana”. “La policía debe ser responsable ante la ley y no ante el gobierno”, sentenció.

También expusieron Emelina Alonso, secretaria a cargo de la Dirección de Asistencia a Personas Privadas de su Libertad y de la Secretaría Letrada de Violencia Institucional, del Ministerio Público de la Defensa de CABA; María Soledad Laciar, madre de Blas Correas; Martha Arriola, coordinadora del Movimiento Cuidadores de la Casa Común; y Patricia Isorni, presidenta del Comité de Lucha contra la Injusticia y la Impunidad de Santiago del Estero e integra el colectivo de Madres del DOLOR de dicha provincia.