Un plenario de las comisiones de Obras Públicas, de Pequeñas y Medianas Empresas, y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados avanzó en el debate del proyecto de ley de “Compre nacional”.

Al inicio de la reunión, el diputado Sergio Raúl Ziliotto, presidente de la Comisión de Obras Públicas, recordó que fueron convocados todos los actores para analizar las ocho iniciativas parlamentarias sobre el tema, incluido el proyecto del Poder Ejecutivo.

”Tenemos la obligación de buscar la mejor ley, es una ventaja que no haya intereses encontrados”, resumió el titular de la Comisión.
En este marco, expusieron diversas cámaras industriales y empresariales, quienes respaldaron el proyecto oficial y reclamaron que se amplíen los sujetos obligados y se incremente el porcentaje de preferencia para las pymes.

En la Sala 1 del Anexo, Juan Carlos Lascurain, presidente de Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA), sostuvo que la ley “tiene que servir para crear más puestos de trabajo”.

Asimismo propuso que se tomen “a todos los públicos y privados que aporten al fisco” como sujetos obligados. En cuanto a los márgenes de preferencia, el integrante de ADIMRA sugirió “que deben ampliarse para el sector pyme”, dada la presión fiscal que existe sobre ellos.

En tanto, Diego Coatz, economista de la Unión Industrial Argentina (UIA), consideró que el proyecto “es estratégico para el desarrollo productivo de los próximos cinco años” y lo calificó como "un salto de calidad”.

Coatz también estipuló que la normativa generaría aproximadamente 110 mil puestos de empleo directo y recordó que el proyecto de “compre nacional” retoma iniciativas que hoy funcionan en otros países, como los Estados Unidos. Sin embargo, coincidió en la necesidad de ampliar los sujetos alcanzados y en aumentar los márgenes de preferencia “al menos en un 5%”.

Desde la Confederación Empresa de la República Argentina (CGERA), Ariel Aguilar, dijo que “las naciones desarrolladas protegen a sus industrias” y citó el caso de Brasil, que maneja un 25% de margen de preferencia.

En similar sentido también se expresaron representantes de la Confederación Argentina de Mediana Empresa (CAME) y de la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO).

En cuanto a los bloques legislativos, la diputada Cristina Álvarez Rodríguez adelantó la postura del Frente para la Victoria en sintonía con el reclamo de ampliar los sujetos alcanzados y los márgenes de preferencia. Asimismo pidió que se puedan adherir las provincias, que se establezca un mecanismo de publicidad de las contrataciones y un nuevo esquema de sanciones.

Desde el FPV, Axel Kicillof tildó al texto de “amarrete” al considerar que escatima el apoyo a la producción nacional. A su turno, Luciano Laspina, del PRO, respondió que el proyecto “es equilibrado entre la defensa de la industria nacional y las finanzas públicas”.

Sobre el cierre, el diputado Diego Bossio, del bloque Justicialista, sugirió ampliar el universo de empresas concesionarias y remarcó: “Si no protegemos nosotros a la industria, no la protege nadie”.

El proyecto, que ingresó a Diputados el pasado 24 de mayo, lleva las firmas del presidente de la Nación, Mauricio Macri, del Jefe de Gabinete de Ministros, Marcos Peña, y de los ministros de Producción, Francisco Cabrera, y de Modernización, Andrés Ibarra.

El proyecto busca “establecer una serie de acciones en favor de la industria nacional en el marco de las compras y contrataciones del Estado”. Asimismo, pretende “erigirse como una herramienta fundamental para el desarrollo tecnológico industrial del país”.