La comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por el diputado nacional Pablo Tonelli (PRO), comenzó hoy el análisis del pedido de desafuero de la legisladora radical Aída Ayala, presentado por el juzgado federal de primera instancia de Resistencia, provincia de Chaco, a cargo de la jueza Zunilda Niremperger.

La actual diputada Ayala fue intendenta de Resistencia (Chaco) y está acusada por los presuntos delitos de lavado de dinero, evasión tributaria, asociación ilícita y enriquecimiento ilícito, en el marco de una investigación por la renegociación de contratos para la recolección de residuos mientras estaba al frente de aquel gobierno municipal. La Justicia chaqueña solicitó su desafuero y detención por considerar que en libertad podría perjudicar el proceso de investigación.

La diputada Ayala afirmó que tomó conocimiento de las acusaciones y del pedido de detención a través de los medios de comunicación. “Vengo a rendir cuentas ante mis pares. Creo que mi único pecado fue haber ganado las elecciones en 2017”, sentenció.

“No soy jefa de una supuesta banda de empresarios. Todo lo que he hecho fue correcto y me pongo a disposición”, afirmó la ex intendenta de Resistencia, para luego detallar que durante todos los años de su gestión el Tribunal de Cuentas “aprobó todo sin observaciones”. “Espero que la Jueza investigue y que pruebe cada una de las causas, sin trasladar responsabilidades. Voy a seguir luchando por el Chaco, por eso hoy soy diputada nacional”, finalizó.

También apuntó contra el actual intendente de Resistencia, Jorge Capitanich: “En la prensa habla de sobreprecios y de que hubo una renegociación, pero en el expediente declara que continúa con el mismo régimen de contratación”, detalló.

Desde la oposición cuestionaron lo que, a su criterio, es un “tratamiento desigual” de los pedidos de desafuero de los diputados nacionales Julio De Vido y Ayala, por considerar que “ahora no se están tomando las mismas medidas ni aplicando la misma celeridad para resolver el tema”. Reclamaron que se los analice “con la misma vara” y que se fije un criterio único.

Legisladores oficialistas rechazaron que exista una doble vara y consideraron que “ambos casos son completamente distintos”. Pidieron contar con tiempo suficiente para estudiar toda la documentación presentada. “En la próxima reunión de comisión se decidirá si se acepta o no el pedido de desafuero de la diputada Ayala solicitado por la Jueza”, anticipó Tonelli antes de concluir la reunión de comisión.

Al comienzo del debate, el titular de Asuntos Constitucionales entregó a cada uno de los legisladores que integran la comisión copias del expediente que ingresó el pasado viernes a la Cámara baja.

Según el artículo 2 de la ley de fueros vigente (25.320), la comisión tiene 60 días para emitir dictamen, y la Cámara de Diputados 180 para expedirse.