La Comisión Bicameral, que preside la senadora Anabel Fernández Sagasti, recibió a magistrados que realizaron un balance de la implementación del Código Procesal Penal Federal en la provincia de Jujuy.
En ese sentido, expuso en primer lugar Alejandra Cataldi, jueza del Tribunal Oral Federal de Jujuy. “Jujuy no tiene avalada la des-federalización del narcomenudeo, eso significa que nos seguimos ocupando en juicios residuales. La cantidad de juicios residuales que tenemos es bastante”, consideró.
En tanto, Esteban Hansen, juez del Juzgado Federal nro. 1 de Jujuy, dijo que “la experiencia de la implementación del Código Procesal Penal en Jujuy es sumamente favorable”. “En una audiencia de 30 minutos estamos resolviendo situaciones procesales que antes demandaban un promedio de dos o tres meses”, destacó.
Del mismo modo, Federico Zurueta, fiscal federal de la Unidad Fiscal Jujuy, remarcó que, “en estos 20 meses que llevamos transitando el sistema acusatorio, y aún con la pandemia, se han resuelto dentro del ámbito del Ministerio Público 2078 casos, sin necesidad de judicializar”.
Por su parte, Matías Gutiérrez Perea, defensor público oficial a cargo de la Unidad de Defensa Acusatoria de San Salvador de Jujuy, coincidió que “fue un acierto la implementación del Código”. “Ha significado un cambio cualitativo en el servicio de justicia, las resoluciones de los conflictos penales son más acertadas”, añadió.
Posteriormente la Bicameral se abocó a debatir los planes, propuestas y necesidades del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio Público de la Defensa de cara a la implementación del Código Procesal Penal Federal en los distritos federales de Rosario y Mendoza, respectivamente.
En este marco, expusieron Javier Lancestremere, secretario general de Política Institucional de la Defensoría General de la Nación; Juan Manuel Olima, secretario de Coordinación Institucional de la Procuración General de la Nación; y Juan Manuel Casanovas, secretario disciplinario y técnico de la Procuración General de la Nación, ambos cotitulares de la Unidad Especial Estratégica para la Implementación del Sistema Procesal Penal Acusatorio (UNISA) del Ministerio Público Fiscal.