En el inicio del encuentro, Carlos Heller, explicó que: “El día viernes 19.52 hs. he recibido un pedido de la Asociación solicitando que reciba a una delegación con carácter de urgente”. “Hoy me comuniqué con las autoridades de la Comisión y decidimos avanzar en esta convocatoria y estamos aquí para recibirlos y escucharlos”, dijo. Y sobre el final aclaró que “es nuestra tarea de determinar, a través de las mayorías, si este tema se saca o se posterga; en ese escenario tener en cuenta esa referencia que los jueces nos están haciendo de convocar a una mesa y siempre que pasara eso, ellos en su disposición de encontrar un consenso superador eso es lo que vale y lo que tiene que ver los tiempos y los roles. No podemos resignar nuestro rol y en nuestro rol, las decisiones se toman por mayoría”. 

 

El vicepresidente de la Comisión, Luciano Laspina (PRO), consideró que "nuestra posición como interbloque la vamos a definir entre hoy y mañana". Asimismo, propuso evaluar un tratamiento diferencial entre jueces y funcionarios judiciales y agregó que el costo fiscal de la exención actual que se estima en $238.000 millones es "un punto importante”. 

 

El presidente de la Asociación, Marcelo Gallo Tagle, expresó agradecimiento por la “prontitud de la respuesta” y manifestó que “nos preocupa la inclusión del artículo que alcanza y afecta a los integrantes del Poder Judicial y al de los ministerios públicos como así también de los empleados, tanto en el ámbito nacional, federal como provincial”. “La primera preocupación es que, desde lo legal no es lo correcto, tolerable o adecuado incorporar una ley donde se afecta con un tributo dentro de la ley de presupuesto, porque así lo establece incluso la ley de administración, en donde ya desde el año 1992 el artículo 20 señala esta prohibición”. 

 

“Lo más relevante es que hay un valladar constitucional que se refiere a la intangibilidad de los sueldos de los magistrados y los integrantes del Poder Judicial. En esta intangibilidad hay una cuestión en la que ya hay algunos que están tributando impuestos a las ganancias, a partir de la legislación que estableció que todos los designados a partir de 1 de enero 2017 debían tributar”, explicó y luego señaló “no hay ningún juez en que no esté de acuerdo en tributar el impuesto a las ganancias pero hay que trabajarlo y regularlo de una manera que no afecte al artículo 110 de la Constitución. Es una deuda que tenemos todos con la sociedad pero hagámoslo en forma consensuada”, advirtió. 

 

En la misma línea, el camarista Mariano Llorens, vicepresidente de Estamento de Jueces, agradeció la convocatoria y aseveró que: “en esta discusión hay mucha confusión, la gente cree que los jueces no quieren pagar y esto no es cierto”. “Se viene debatiendo desde la década del ´90. Y es este mismo Parlamento el que nos dio una solución, a través de un acuerdo político, entre las dos fuerzas mayoritarias de ese momento”, dijo y continuó: “la intangibilidad es una garantía que tienen los jueces de tranquilidad y esa es una garantía constitucional” . “Debe haber un 80% de jueces, fiscales- que tributan el impuesto a las ganancias- de acuerdo a la modalidad de cada jurisdicción- en todo el país y de acuerdo al salario y compensación salarial por trabajo”, aportó. 

 

Juan Manuel Culotta, consejero de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación, brindó algunos datos: “188 magistrados de la justicia federal y nacional ya están pagando, que es un 25% del padrón pero hay vacantes en el padrón”, advirtió, “hay 27 vacantes en trámite en el Poder Legislativo, 51 en el Ejecutivo y 55 en el Consejo de la Magistratura y -según este cálculo- si se suman todas esas vacantes va a haber un 43% de magistrados que paguen el impuesto”, expresó. 

 

Paula Castro, secretaria de actas de la Asociación, remarcó que es un tema que “se viene tratando hace mucho tiempo y ha quedado Zanjado en 2017 con la ley”. “Muchas están pagando del ministerio público y de la fiscalía también pagan y, también, los empleados. “Creemos que en todos los espacios hemos coincidido en la intangibilidad”. “Esto se está cumpliendo, en poco tiempo va a haber incremento en esos porcentajes y en poco tiempo va a haber toda una justicia que pague”, aseguró. 

 

Por su parte, Nora Monella, consideró que “como representantes de los jubilados - tanto jueces, fiscales, como defensores y funcionarios -, quisiera agregar que somos respetuosos de la división de poderes; respetuosos y defensores de la independencia judicial, y por eso nos atenemos a la Ley. Es decir, los jubilados tenemos, además de la garantía constitucional, los tratados internacionales que nos respaldan y, por eso, entendemos que el consenso logrado a partir del año 2017 forma parte de esa mentada independencia judicial”.

 

En tanto, el diputado Marcelo Casaretto (FdT)-impulsor de la iniciativa- realizó un repaso sobre el tema. “Hubo una ley en 2016 que tampoco fue aceptada por el Poder Judicial. En definitiva, hubo cautelares que frenaron la aplicación de esa Ley que se había tratado en el Congreso. Y solamente se trató la resolución de las cautelares, cuando acá, en oportunidad de tratar el presupuesto 2018, se dijo: “vamos a tratar de vuelta la derogación total, ante lo cual se paró la discusión en el Congreso y apareció la acordada de la Corte que dejó sin efecto las cautelares. Habían pasado ya dos años, y la ley se aplicaba, producto de que nadie admitía lo que en el Congreso se había votado”.  “Ahora aparece la discusión sobre la base de que se emitió un dictamen, y ustedes pidieron esta audiencia. Pero nunca se interesaron antes en encontrar un diálogo, o en encontrar una solución. Entonces yo digo: recién se habló acerca de que esto es una cosa saldada. Pero para la sociedad no lo está”, completó.

 

Participaron los legisladores -del oficialismo y de la oposición- Paula Oliveto (CC), Germán Martínez (FdT), Sergio Palazzo (FdT), Itaí Hagman(FdT), Víctor Romero (UCR), Danya Tavela (Evolución Radical).