Artículo 1°.- Incorpórase como artículo 244 bis del R.C.T. aprobado por Ley 20.744 (t.o. 1976) el siguiente:

Art. 244 bis. - Todo trabajador no beneficiario de la garantía de estabilidad absoluta, que fuese despedido contando con una antigüedad en el empleo no inferior a SEIS (6) meses, tendrá acción, al deducir su demanda, para solicitar del juez se declare la nulidad del despido disponiéndose su reinstalación en el empleo que desempeñaba o el que le corresponda al momento de la sentencia, con mas el pago de los salarios de sustanciación.

Esta acción caducará a los noventa (90) dias de producido el despido.

La nulidad del despido y la reinstalación del trabajador, será pronunciada por los jueces, si de las circunstancias comprobadas resultase un manifiesto abuso de derecho y calificable el acto de despido como socialmente injusto y cuando, además, por la índole de las relaciones que se den entre las partes y las exigencias de complementación propias del contrato de trabajo, resultase que es posible la subsistencia de este último.

Corresponderá también la nulidad del despido y la reinstalación del trabajador cuando su despido tuviera motivación discriminatoria.

No dándose tales circunstancias, el empleador sólo responderá por las indemnizaciones que prevé el artículo 245 de esta ley, además de la que corresponda por falta u omisión del preaviso; sin perjuicio de la reparación de los daños y perjuicios.

En todos los casos el juez podrá aplicar sanciones pecuniarias o daño punitivo tomando en consideración las circunstancias del caso, la gravedad de la conducta del sancionado y el patrimonio del dañador, disponiendo por resolución fundada el destino del monto de las mismas."

Artículo 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional.

Señor presidente:

El presente proyecto reproduce el texto del proyecto de mi autoría que presentara en el año 2014 (Expte. 9239- D-2014) y que caducó al no haber sido sancionado dentro del término previsto por el artículo 1 de la Ley 13.640 y el Reglamento de la HCD.

A continuación se reproducen los fundamentos del proyecto de ley:

"El proyecto que presentamos reproduce casi literalmente el contenido del texto que como artículo 293 se encontraba incluido al Proyecto de Ley de Contrato de Trabajo que en 1974 fue aprobado por Ley 20.744.

Durante el trámite parlamentario fue suprimido el título cuya incorporación a la normativa vigente hoy proponemos.

En el presente reproducimos la previsión del proyecto instaurando la factibilidad de la declaración de nulidad del despido cuando éste resultase un abuso del derecho o pudiera ser calificado como "socialmente injusto"; e incorporamos nuevos elementos derivados del desarrollo jurídico en materia de actos discriminatorios y daños punitivos.

En consideración al respeto y autoridad que nos merecen los autores de aquel proyecto -sirviendo lo que aquí se afirma como un homenaje al abogado laboralista Norberto Centeno, secuestrado y asesinado por la dictadura militar; y en conmemoración a quien esta Cámara sancionó el proyecto de ley instituyendo el 7 de Julio como el "Día del Abogado Laboralista"- nos permitiremos reproduciremos a continuación los fundamentos expuestos en la Exposición de Motivos del Proyecto de Ley de Contrato de Trabajo enviado al Congreso de la Nación en aquella oportunidad, y al mismo agregaremos los fundamentos relativos a las modificaciones propuestas en el presente.

"En el artículo 293, según lo dicho anteriormente en d), TITULO XII, se consagra igualmente la invalidez o ineficacia del despido en aquellos casos en que el trabajador no tiene garantizada por las leyes o convenciones colectivas de trabajo, la estabilidad absoluta de ios artículos 282 a 292, si el acto de despido es calificado por los jueces como "socialmente injusto". Esta disposición viene a conferir al Proyecto un nuevo alcance en la protección debida al trabajador frente ai despido arbitrario.

Con el cambio de la dogmática constitucional debía variar, necesariamente, el merecimiento del acto de despido proveniente de la sola voluntad del empleador. A la Constitución de 1853 corresponde, en su concepción individualista, la idea clásica del contrato libre y la facultad irrestricta de denuncia o despido, cuya validez y trascendencia jurídica resulta distinta e independiente de la justificación del acto, que en todo caso se sanciona mediante el pago de las indemnizaciones que se prevean y que están contempladas en esta ley a través de los artículos 256 y siguientes. La evolución de las ideas lleva a su paulatina limitación, y la incorporación de los derechos sociales (Constituciones de 1949 y 1957), a conciliar los derechos individuales con los sociales. Esta ley no abandona la idea del contrato (ni aún cuando prevé la tesis de la relación o la ocupación obligatoria), pero lo sitúa en la nueva concepción y por ello, a la par que prevé el caso de denuncia del contrato por cualquiera de las partes, contempla la estabilidad absoluta (ineficacia del despido, artículos 282 y siguientes) y además, atendiendo a diversas circunstancias, priva de efectos al despido en aquellos primeros casos, si el acto de denuncia, por su arbitrariedad manifiesta, aún indemnizado y debidamente compensado el tiempo de servicio, aparece en pugna con ciertas ideas centrales o fundamentales que vienen, así, a dominar el sistema, y que en términos de la política legislativa a seguir, conducen al mismo resultado del segundo sistema, es decir, a la consagración de la estabilidad absoluta. Se da así un paso decisivo en el sistema de protección frente al despido arbitrario, tal como es garantizar al trabajador la conservación efectiva de su empleo o puesto de trabajo, suprimiendo, respecto del empleador, la facultad de denuncia o despido, puesto que al ser revocado por los jueces queda carente de efectos y subsistente la relación laboral. Como todo ello supone, a su vez, reponer la vigencia del contrato, en interés de las propias partes y del interés general, ha debido preverse una posibilidad razonable de que ello se opere, de allí que se limite la contemplada en el artículo 293, a los casos de despido en que, por las circunstancias comprobadas, resultase un manifiesto abuso de derecho y calificable el acto de despido como "socialmente injusto", y cuando además, por la índole de las relaciones que se den entre las partes y las exigencias de complementación propias del contrato de trabajo resultase que es posible la subsistencia de este último. Sin ello, el sistema pierde eficacia y se torna impracticable, confrontados otros elementos fijados por la propia ley como consustancialesde la relación regulada.

No dándose tales circunstancias, establece, por último, el artículo 293, el empleador sólo responderá por las indemnizaciones que prevé el artículo 293, el empleador sólo responderá por las indemnizaciones que prevé el artículo

270, además de las que corresponda por falta u omisión del preaviso."

En relación al texto original del proyecto hemos ampliado el período de caducidad para el inicio de la acción -que en aquel estaba previsto en treinta (30) días y lo hemos elevado a noventa (90)- y sustituimos una remisión normativa que efectuaba por la expresa inclusión de su contenido "...con mas el pago de los salarios caídos".

Por otra parte, a la luz de las mas avanzadas tendencias jurisprudenciales en materia de despido discriminatorio, que surgió de los planteos de los abogados de parte, fue recogida por algunos magistrados del fuero laboral y luego receptada y avalada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente "Alvarez c/ Cencosud", hemos incorporado la previsión de que también corresponde declarar la nulidad del despido y la reinstalación del trabajador cuando el despido tuviere motivación discriminatoria.

Hemos incorporado también como consecuencia del ilícito patronal que aquí se tipifica, la obligación de reparar los daños y perjuicios causados a la víctima, que comprenden tanto los materiales como los morales.

Por último, incorporamos también de manera expresa a la normativa laboral en esta materia la institución de los "daños punitivos", que constituyen una herramienta tanto sancionatorias como disuasoria, facultando al juez a aplicar sanciones pecuniarias tomando en consideración las circunstancias del caso, la gravedad de la conducta del sancionado y el patrimonio del dañador; debiendo el magistrado, por resolución fundada, disponer el destino de su monto.

Por las razones señaladas, y en la convicción de que comprender la función social del empleo avanzando en razonabilidad de las relaciones laborales conllevará al mejor desarrollo de nuestra sociedad y a más equidad y justicia social, solicitamos el acompañamiento en la sanción del presente proyecto