Su enérgico repudio a las acciones represivas llevadas adelante por el gobierno de la República de Nicaragua en contra de su población civil durante las manifestaciones de protesta en su contra.

Su preocupación por la situación política y social reinante en Nicaragua, por el consecuente debilitamiento de las instituciones democráticas y por la pérdida de vidas causada por la represión.

Señor presidente:

El 18 de abril de 2018 comenzó una ola de protestas en Nicaragua originadas por las modificaciones que el gobierno realizó al sistema de seguridad social. Las movilizaciones se extendieron por distintos departamentos y ciudades generando enfrentamientos entre civiles y la policía nacional del estado nicaragüense. Luego de algunos días y como consecuencia de estos enfrentamientos, se verificaron incontables muertes de civiles debidas a acciones represivas de la policía nacional nicaragüense.

La Deutsche Welle y las cadenas BBC y CNN han dado cuenta inicialmente de estos hechos. A continuación, esos medios informaron que la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a Nicaragua, realizada entre el 17 y el 21 de mayo de 2018 para observar la situación de los derechos humanos, arrojó el saldo de 76 muertos y 868 heridos a manos de las fuerzas de seguridad del estado durante el primer mes de conflicto. La CIDH denunció que hubo “graves violaciones de derechos humanos durante el primer mes de protestas, caracterizadas por el uso excesivo de la fuerza por parte de cuerpos de seguridad del Estado” . Como consecuencia de la represión, la CIDH creó el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MENSENI) cuyo objetivo es realizar un seguimiento exhaustivo de las recomendaciones efectuadas por la comisión.

Pese a todo, la violencia estatal y la represión aumentaron. El 5 de junio, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACDH) comunicó que desde el inicio de las protestas en abril hasta el 4 de julio, las muertes habían ascendido a 250 y los heridos, más de mil. El 9 de julio, la misma OACDH junto con la CIDH condenó nuevamente las violaciones a los derechos civiles y políticos de las personas y el aumento de las víctimas a manos del Estado, solicitando al gobierno nicaragüense que respetara sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos.

El 18 de julio, luego de 90 días de iniciadas las movilizaciones sociales, el Alto Comisionado y la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH) relevaron 280 muertos y 1830 heridos, enfatizaron la total ausencia del Estado de Derecho y denunciaron el avasallamiento de los derechos humanos por parte de las fuerzas coercitivas del estado.

Todas estas denuncias, provenientes de diferentes fuentes de probada validez, confirman la indudable existencia de graves violaciones a los derechos humanos en Nicaragua, lo cual atenta contra la democracia en el país y la región.

Por todos estos motivos solicitamos a los señores diputados que acompañen este proyecto de resolución.