Su adhesión al pedido realizado por la Corte Internacional de Justicia de La Haya para que el gobierno de los Estados Unidos tome todas las medidas necesarias para suspender de forma provisional la ejecución de cinco inmigrantes de origen mexicano condenados a muerte por el estado de Texas.

Asimismo, en nombre de la justicia y del respeto de los más elementales derechos humanos, ruega encarecidamente al Gobernador de Texas, Rick Perry, que acepte el pedido de la Corte Internacional de Justicia y garantice la debida defensa en juicio a todos los acusados.

Señor presidente:

El 16 de julio corriente, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, legítimo órgano judicial de las Naciones Unidas, comunicó su decisión sobre la solicitud hecha por México de interpretación del juicio del 31 de marzo de 2004 en el Caso Avena y otros mexicanos. Por siete votos a cinco, la corte de La Haya pidió al gobierno de los Estados Unidos suspenda de forma provisional la ejecución de cinco mexicanos condenados a muerte por el estado de Texas, en tanto siga pendiente el fallo. Tal pedido se basa en la presunción de que se ha violado el derecho internacional al no informar a los presos sobre su derecho a recibir asistencia consular dispuesto por La Convención de Viena de 1963 sobre relaciones consulares.

Este pedido de la CIJ, subraya la importancia de proteger los derechos de ciudadanos extranjeros procesados en los Estados Unidos, país en el cual la legislación federal otorga gran autonomía a los estados federales en materia penal. En este caso, según una disposición de la Corte Suprema, el estado de Texas no está obligado por la Convención de Viena de 1963, lo que le ha permitido seguir con sus sentencias más allá de los pedidos del organismo internacional.

La primera de las cinco ejecuciones, de José Ernesto Medellín (33), está estipulada para el 5 de agosto. A pesar de que el la causa abierta por Mexico en La Haya no está concluida, el Gobernador de Texas, Rick Perry, parece estar decidido a seguir con las sentencias, desoyendo los pedidos internacionales de realizar procesos judiciales con las debidas garantías de defensa.

Que la Cámara exprese su apoyo al pedido de la CIJ es un paso en el afianzamiento de la activa participación de Argentina en la cooperación continental en materia de derechos humanos y de asistencia mutua en materia penal, dado que la falta de ratificaciones a diversos tratados internacionales sobre derechos humanos, y que tratan la abolición de la pena de muerte (por ejemplo: el Pacto Internacional sobre los Derechos Civiles y Políticos, o el Protocolo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos), obstaculiza la efectiva protección de los derechos humanos de los ciudadanos extranjeros, y especialmente los de aquellos de América Latina, más allá de las fronteras.