1) Declarar su preocupación por la crisis política que está sufriendo la República de Zimbabwe.

2) Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional, a través de los organismos correspondientes, que exija al gobierno de la República de Zimbabwe el pleno respeto de la ley y las garantías para el normal desarrollo del acto eleccionario, la vigencia de los derechos humanos y el respeto de los resultados electorales.

3) Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional que promueva una similar manifestación por parte de los organismos ejecutivos del MERCOSUR y de la UNASUD y que comunique esta resolución a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), al Parlamento Latinoamericano y al Parlamento Africano.

Señor presidente:

Las elecciones que se desarrollaron en marzo del este año en la República de Zimbabwe cambiaron el escenario político del país al ubicar en segundo lugar al actual Presidente Roberto Mugabe, quien ocupa ese cargo desde 1980, y al otorgar la mayoría en el parlamento a los representantes de la oposición.

Al finalizar el escrutinio la comisión electoral se negó a dar los resultados argumentando que éstos no podían hacerse públicos debido a las presuntas irregularidades que habría tenido el proceso electoral y que, por lo tanto, debía realizarse un recuento de los votos.

Esta situación llevó a pensar a los opositores y a los medios de comunicación que se estaría realizando un fraude electoral, como ya habían advertido anteriormente que podría producirse. Las irregularidades llegaron a un punto tal que los resultados fueron comunicados con un retraso de cinco semanas. La Comisión Electoral de Zimbabwe anunció finalmente que Morgan Tsvangirai, líder de la oposición, había recibido 47.9 por ciento de los votos contra un 43.2 por ciento para Mugabe, lo que daba lugar a una segunda vuelta electoral a pesar de que observadores independientes manifiestan sus dudas sobre si esto hubiera sido posible sin manipulación alguna.

Desde aquellas elecciones del pasado 29 de marzo, se ha dado un significativo aumento de la violencia perpetrada por el Estado mediante una campaña de intimidación, donde hay evidencia de persecución tortura y asesinato contra los activistas opositores, periodistas, empleados públicos, líderes cívicos y ciudadanos civiles que se muestren a favor de la oposición. Según datos provistos por representantes de la oposición, cerca de sesenta y seis seguidores del principal partido opositor han sido asesinados, y otros miles expulsados o heridos por gente de Mugabe.

Otro claro ejemplo de estas irregularidades fue el arresto, por tercera vez consecutiva, de Tsvangirai cuando se dirigía a un acto proselitista de su partido.

Todas estas situaciones llevaron en los últimos días al candidato opositor a retirarse de la campaña electoral a raíz del creciente acoso a los seguidores de su partido MDC (Movimiento para el Cambio Democrático). Expresó también, de este modo, su preocupación por la seguridad física de los votantes que quisieran dar su apoyo a la oposición. Diversos representantes internacionales se han manifestado ya sobre la crisis que vive Zimbabwe en un sentido similar a las fuerzas de oposición.

Considerando los compromisos internacionales y los principios que defiende el Estado argentino, y tomando como antecedente inmediato el reclamo de la Sra. Presidente Cristina Fernández de Kirchner al presidente de Guinea Ecuatorial en circunstancias similares, es necesario que el Gobierno Nacional promueva y proteja los valores y las instituciones democráticas a nivel internacional, sumándose a los pedidos que en este sentido han hecho diversos países, organismos internacionales y organizaciones no gubernamentales.