Solicitar al Poder Ejecutivo, y por su intermedio a quien corresponda, informe:

1. La estructura interna, la partida presupuestaria actual y formas de funcionamiento del "Programa Nacional de Prevención y Erradicación de la Trata de Personas y de Asistencia a sus Víctimas";

2. Dotación de personal administrativo con el que cuenta dicho programa;

3. Dotación y especialidades técnicas de personal profesional dedicado a la atención de las víctimas de la trata de personas;

4. Cantidad de denuncias recibidas desde la puesta en funcionamiento de dicho programa;

5. Cantidad de denuncias penales realizadas y causas abiertas a partir de las mismas;

6. Cantidad de acciones emprendidas para la protección y asistencia de las víctimas;

7. Cantidad de personas que han sido atendidas bajo esa instancia, tipo de atención brindada, situación actual de tales personas;

8. Qué tipo de articulación interinstitucional entre organismos estatales y organizaciones de la sociedad civil ha promovido, con cuántos organismos estatales y con cuántas organizaciones de la sociedad civil;

9. Qué acciones ha desarrollado para aumentar la capacidad de detección, persecución y desarticulación de las redes de trata;

10. Qué actividades de capacitación y asistencia para la búsqueda y obtención de oportunidades laborales para las víctimas de trata ha emprendido. Cuántas personas fueron beneficiadas por tales actividades;

11. Con qué organismos ha articulado las actividades de capacitación y asistencia referidas en el punto precedente;

12. Cuáles y cuántas actividades de difusión, concientización, capacitación y entrenamiento acerca de la problemática de la trata ha organizado;

13. A cuántos funcionarios públicos ha capacitado y pertenecientes a qué organismos de gobierno;

14. Qué materiales ha desarrollado para la formación docente inicial y continua sobre esta problemática;

15. Qué resultados ha arrojado hasta ahora el relevamiento encargado al Registro Nacional de Datos vinculado a la recolección de información y monitoreo cuantitativo y cualitativo relacionado con el delito de trata de personas;

16. Si ha tomado contacto con las diputadas nacionales Fernanda Gil Lozano, Silvia Storni y el Diputado Nacional Rubén Lanceta a partir de la denuncia realizada por

17. estas/os diputadas/os en la sesión de la Cámara de Diputados el día 9 de abril de 2008;

18. En caso de no haber tomado contacto, explique la razón o razones para no hacerlo.

19. En caso de haber tomado contacto, explique las acciones que ha emprendido a partir de tal denuncia.

Señor presidente:

Con fecha 4 de octubre de 2007, se publicó en el Boletín Oficial el Decreto Nro. 1281/2007. Por medio del mismo, el Poder Ejecutivo creó el "Programa Nacional de Prevención y Erradicación de la Trata de Personas y de Asistencia a sus Víctimas" con el objetivo de prevenir y erradicar la trata de personas así como brindar asistencia y protección a las víctimas de este delito.

Ha pasado más de un año desde la creación de este Programa y, en ese lapso, el Poder Ejecutivo ha sido sumamente insistente con este Honorable Congreso para la aprobación de una ley contra la trata de personas impulsada por él mismo. Pese a las enormes insuficiencias y a los profundos contrasentidos con los que se tipificaba tal delito en el texto propuesto, la obstinación y empecinamiento en ignorar toda crítica y ningunear la labor de los últimos dos años desarrollada por muchos/as diputados/as, incluso del bloque oficialista, se tradujo en la aprobación de la Ley que lleva por número 26.364. Soslayando momentáneamente las controversias que todo este proceder ha provocado, se puede suponer que tal obcecación podría estar vinculada, por un lado, con los compromisos internacionales asumidos -si bien el texto de la actual ley contradice otros tratados refrendados con anterioridad al Protocolo de Palermo por nuestro país e incluso, algunos artículos de este Protocolo-. Por otra parte, también sería dable presumir la existencia de una voluntad real por parte del oficialismo de combatir un delito que crece día a día de forma desmesurada, de rescatar a las víctimas de este delito y de asistirlas socialmente. Consecuentemente, el Programa creado por el decreto citado bien podría responder a este compromiso, suponiéndolo -tal como sostuvo el oficialismo en el debate parlamentario-, como la herramienta más adecuada para los fines procurados.

Sin embargo, hasta el día de la fecha, desconocemos fehacientemente el funcionamiento real de este Programa. Menos sabemos aún sobre los efectos o impactos reales en la obtención de algún tipo de resultado positivo respecto de sus objetivos. Somos conscientes que el delito de la trata de personas y las consecuencias que trae aparejadas sobre las víctimas no son de fácil resolución. Pero consideramos que eso no es razón suficiente para impedir un balance de lo actuado, en caso de que haya habido alguna acción. Y justamente el punto es que, acorde a los requerimientos hechos ante los organismos públicos por muchas de las organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil abocadas a esta problemática y a su experiencia, pareciera no haberse dado ningún paso efectivo concomitante con los propósitos expresados en el Programa. Asimismo, la falta de información oficial sobre las estadísticas que hacen a este tema y su dispersión cuando se las encuentra, pareciera demostrar también que se ha avanzado poco en esta materia. Otro tanto puede decirse de la inclusión de esta problemática en los contenidos de los programas de educación pública o de la efectividad de las acciones de prevención emprendidas. Aún cuando conocemos se han impulsado desde organismos del Poder Ejecutivo cierta cantidad de denuncias, su aparente inacción frente a las realizadas por diputados y diputadas en la sesión de esta H. Cámara el 9 de abril del corriente año, nos lleva a preguntarnos si tales acciones responden a un intento de acallar las críticas a la forma en que ha sido resuelta la ley contra la trata de personas o constituye parte de una política responsable que no cesará una vez que el tema abandone la primera tapa de los periódicos.

Como representantes del pueblo argentino tenemos el derecho y la obligación de estar informadas/os sobre lo que el Poder Ejecutivo lleva adelante. Esto es imperioso y necesario, sobre todo, frente a problemas tan alarmantes y que exigen una intervención de los poderes públicos eficaz y respetuosa de la vigencia de los derechos humanos que según el oficialismo, es el horizonte de todas sus medidas -como debiera ser-.

Por todo ello solicitamos a este cuerpo la aprobación del presente proyecto de resolución.