Su preocupación por la demora en la constitución y efectivo funcionamiento de la Comisión Bicameral Parlamentaria Investigadora del Cumplimiento de la Ley de Cheque, creada por Ley 25.757, habiendo caducado el plazo para que la misma investigue, pese a haberse designado los senadores y diputados que la integraban.

Señor presidente:

Hago mía la preocupación expresada por la Federación Santafesina de Entidades de Discapacitados (Personería Jurídica Nº 652/92) y otras federaciones de otras provincias, por la falta de funcionamiento de la COMISIÓN BICAMERAL PARLAMENTARIA INVESTIGADORA DEL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE CHEQUE, creada por Ley 25.757, habiendo caducado el plazo de funcionamiento previsto en dicha norma.

Esto es grave institucionalmente ya que significa la degradación de instrumentos, atribuciones y competencias, que nos otorga el estado de derecho, para investigar -en el marco de la división e independencia de poderes característicos de toda República-, las omisiones e incumplimientos del Poder Ejecutivo, para brindar al Poder Judicial herramientas, pruebas o informes que permitan dilucidar responsabilidades en el cumplimiento efectivo de la ley.

Como es de público conocimiento, la Ley de Cheques 24.452, vigente desde mayo de 1995 hasta abril del 2001, establecía multas a los cheques rechazados por falta de fondos y por el cierre de cuentas corrientes. Los bancos estaban obligados a retenerlos y remitirlos al Banco Central, para que éste último los girase para la integración de un FONDO DE FINANCIAMIENTO DE PROGRAMA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

El Banco Central y las autoridades de dicho momento no cumplieron con la función que le atribuía la Ley, siendo que los bancos cobraron a sus clientes dichas multas, reteniéndolas para sí, en detrimento de las personas con capacidades diferentes y de la población toda.

Por Ley 25.757, vigente desde agosto del 2003, se creó la Comisión Bicameral Parlamentaria investigadora del cumplimiento de la Ley de Cheque, habiendo sido designados los representantes de ambas Cámaras, para que la integrasen, sin que hasta la actualidad se haya tenido noticias de su efectivo funcionamiento.

Asimismo, la Ley 25.757 establecía, en su artículo 6º, que el Congreso de la Nación publicaría en los medios de comunicación escrita de mayor circulación, la invitación a toda organización no gubernamental, con personería jurídica, a participar de las audiencias públicas previstas en el artículo 5º inciso 6, a fin de que aportasen a la Comisión cualquier información, o instrumento público o privado, relacionado con la investigación que la misma llevase a cabo.

Consideramos la participación de las organizaciones no gubernamentales en las audiencias públicas como una garantía para la transparencia en la investigación y como un derecho de las mismas a aportar y peticionar a la Comisión Bicameral todo lo conducente al esclarecimiento de los ilícitos cometidos en perjuicio de sectores vulnerables como lo son las personas con discapacidad, que por sus capacidades especiales ameritan un tratamiento preferencial en un Estado de Derecho que se precie de tal.

Habiendo caducado el plazo de funcionamiento de la Comisión Bicameral Investigadora sin que la misma cumpliese con los fines de su creación, considero de suma importancia el rol institucional que nos cabe de expresar preocupación y disponer todos los medios que estén al alcance de este Congreso para prorrogar el plazo y garantizar el debido funcionamiento de la misma y la efectiva realización de la investigación. De no ser así seríamos cómplices de los incumplimientos e ilícitos que pudiesen haberse cometido.

Por lo expuesto, solicito la aprobación del presente proyecto.