1º- Créase en el ámbito de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación una Comisión Especial Investigadora, que tendrá como objetivo principal el análisis, la evaluación y la investigación de la violencia sindical y los distintos factores que la originan, como así mismo los aspectos institucionales y económicos relacionados con la producción sistemática de hechos violentos en el marco de la estructura sindical.

2º - Para cumplir con su objetivo y poder detectar las causas estructurales que originan la violencia sindical, la Comisión deberá hacer una evaluación amplia de los episodios violentos desatados durante los últimos meses, investigando las causas y motivos de la misma. En particular se analizará el rol de los protagonistas directos de la violencia, los que la fomentan y de quienes tienen la responsabilidad de prevenirla y combatirla. Para cumplir con su objetivo primordial, la Comisión recabará información sobre las causas estructurales que están originando las situaciones violentas en el Sindicato de Camioneros. La razón que justifica la focalización de la acción investigadora en el mencionado sindicato, reside en que la mencionada investigación puede significar un caso testigo que permita remover las causas que originan la violencia en toda la estructura sindical argentina.

3°- La Comisión Especial Investigadora podrá solicitar en cumplimiento de su objetivo, el envío de informes escritos o de documentación, a funcionarios gubernamentales o organismos estatales centralizados o descentralizados, correspondientes a la administración pública nacional, provincial, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o municipios, como también a entidades no gubernamentales y toda persona jurídica de existencia física y/o ideal. La Comisión Especial Investigadora podrá recibir declaraciones testimoniales, denuncias y pruebas respecto del objeto de su investigación.

Señor presidente:

La información periodística existente con relación al homicidio de Abel Beroiz es clara y contundente.

Desde el 27 de noviembre de 2007, cuando Abel Beroiz, secretario general del sindicato de camioneros de la provincia de Santa Fe y tesorero de la Federación nacional del gremio, fue asesinado en un garaje hubo sospechas de que el crimen estaba relacionado con procedimientos oscuros y metodologías mafiosas existentes en el seno del sindicato de camioneros. El líder camionero, Hugo Moyano, siempre sostuvo que se trataba de un delito común. Esta opinión apresurada del Secretario General de la Federación parecía intentar esconder una realidad que se mostraba a las claras: Abel Beroiz fue asesinado y sus pertenencias no fueron tocadas. Quienes habían quitado la vida de Beroiz no tenían intención de robarle sus pertenencias. ¿Qué llevó entonces al Secretario General de la CGT Hugo Moyano a opinar apresuradamente y catalogar el crimen como un asesinato en ocasión de robo? ¿ Que se escondía tras esta declaración?. Seguramente la intención de archivar una causa. El día viernes 14 de marzo, el asesino confeso, Raúl Flores, declaró que se trató de un crimen por encargo y señaló a dos personas relacionadas con el sindicato como sus instigadores.

¿Que es un crimen por encargo? Es la evidencia, es la punta de un iceberg de la existencia de una estructura mafiosa. ¿Quién encarga un asesinato contra el tesorero de una federación sindical?

Los crímenes por encargo son estudiados en la criminología como crímenes provocados por intereses ligados a redes organizadas, sean de narcotráfico, sean de prostitución infantil, proxenetas o delitos económicos. Los sicarios actúan para un interés mayor, que es capaz de pagar para matar, es decir actúan por dinero. Su nombre viene de la "sica" o puñal, tal como fue asesinado Beiroz. Literalmente sicarii significa "hombre- daga".

Flores fue capturado el jueves a las 9 de la noche. La policía indicó que fue una llamada anónima la que le permitió llegar hasta la casa de Tostado, un pueblo rural del noroeste donde Flores se encontraba en compañía de su mujer y de un amigo. Otras versiones sostienen que fue una cadena de torpezas la que condujo a su paradero. Ayer por la mañana, durante una declaración de más de dos horas en la que reconoció su participación en el crimen, Flores contó ante el juez Osvaldo Barbero que fue el supuesto abogado Julio Jerez -vinculado a portuarios y a camioneros- quienes lo puso en contacto con dos sindicalistas del gremio de camioneros, uno llamado Agüero y otro de nombre "Juancito", al que reconoció en una fotografía llevando el cajón de Beroiz. Deténganse en esta apreciación. ¿No es una perfecta señal mafiosa que quien manda a matar, participe llevando el cajón del asesinado?

El relato de Flores fue minucioso. Dijo que conocía a Jerez porque le había gestionado una indemnización por una herida que sufrió en la mano cuando se desempeñaba como estibador en el puerto de Rosario. Tiempo después, el mismo Jerez lo llamó para avisarle que tenía clientes que precisaban de sus servicios. En ese momento no le reveló que se trataba de un asesinato. Después, los empleadores no le dejaron opciones: se trataba de la vida de Beroiz o de la suya. Su función se limitaría a matarlo, Agüero y "Juancito" se encargarían de la inteligencia previa y de garantizarle la retirada del lugar elegido para la ejecución. Flores recordó en su declaración que le proveyeron datos de los recorridos de la víctima, de sus rutinas, los lugares donde solía comer y las fotografías que servirían para identificarlo. La ceremonia final se celebró el 27 de noviembre del año pasado y tuvo como escenario una playa de estacionamiento del Automóvil Club, en el micro centro de la ciudad, a las 6.45 de la mañana. Recibió tres disparos y siete puñaladas. De acuerdo a la narración de Flores, tal cual habían convenido, Jerez y Agüero lo recogieron a unas cuadras del lugar. De los 50 mil pesos prometidos solo le dieron 20 mil porque "todavía estaba vivo".

A pesar de que los autores intelectuales habían cuidado hasta el último detalle en la estrategia previa al asesinato, no estuvieron tan cuidadosos en el plan para el día después. Mucho menos cautela tuvieron con Flores, quien siguió llamándolos por teléfono para reclamarles el dinero que faltaba. Siguiendo ese camino, la fiscal de la causa encontró nombre y apellido de los sindicalistas con los que habló antes y después de la muerte de Beroiz.

La reacción del máximo dirigente de la CGT frente a este caso fue negar de plano que los hechos tuvieran como trasfondo un modelo y una práctica sindical, y su postura fue la de circunscribir el mencionado episodio a un mero hecho policial.

Existen fuertes evidencias de que el mencionado episodio obedece a una lógica de confrontación violenta desatada en la estructura sindical. Mucha gente en Rosario sabía que las cosas en el sindicato de camioneros se habían puesto difíciles y una pelea solapada se estaba dirimiendo entre Abel Beroiz, el secretario general, y su adjunto Raúl Alfredo Luna, segundo de Moyano en la misma Federación en la que Beroiz ocupaba el riesgoso y codiciado puesto de tesorero. Luna había organizado sus fuerzas para tomar el control efectivo de la organización que agrupa a 13 mil afiliados a través de la lista verde, opuesta a la azul y blanca de Beroiz.

La resolución violenta de los conflictos dentro del Sindicalismo obedece a un patrón de comportamiento que se origina en un modelo sindical que carece de niveles básicos de transparencia y democracia interna. Los sindicalistas argentinos no se encuentran obligados a presentar una declaración jurada de bienes patrimoniales antes, durante y después de haber ejercido las funciones de representación sindical; los trabajadores no pueden optar por sindicatos que compitan libremente por la representación de los trabajadores; los mecanismos de presentación de los balances sindicales no son transparentes; las administraciones de las obras sociales sindicales se han transformado en auténticas "cajas negras". La confesión de Flores compromete la estructura del que es, en la actualidad, el gremio más poderoso del país y deja mal parado a su máximo dirigente, quien desde un primer momento sostuvo que era "malicioso" pensar en un crimen por encargo.

El poder es dinero, el dinero se transforma en poder. Esas dos razones parecen estar en el origen de los crímenes y atentados sufridos por los gremialistas durante los últimos meses. Algunos se desempeñaban como tesoreros, otros en la obra social y el resto se dedicaba a aspirar afiliados a gremios contiguos o resistir la ofensiva. La información al respecto es concreta:

- El cuerpo de Horacio Viviani, hermano del secretario general de taxistas, apareció con un balazo dentro de su automóvil; cumplía tareas de prensa y ocupaba un papel clave en la obra social.

- Miguel Orellana, secretario general de los ladrilleros de la Matanza y tesorero de la Unión Obrera Ladrillera, fue asesinado de un balazo. Orellana criticaba el manejo de los fondos de la obra social de su sindicato.

- Carlos Albornoz, secretario general del sindicato de recolección de Rosario, sufrió su tercer atentado. La ciudad era escenario de una batalla estratégica entre el sindicato de Albornoz y los camioneros por la afiliación de los chóferes de las empresas encargadas de brindar el servicio de recolección en Rosario.

- Las amenazas recibidas en el diario Clarín por las notas publicadas en torno al asesinato de Beroiz.

- Los salvajes enfrentamientos registrados en la Quinta de San Vicente, con motivo del traslado de los restos del ex presidente Juan D. Perón entre facciones sindicales rivales.

Considero de suma importancia que esta Honorable Cámara de Diputados de la Nación resuelva la creación de forma inmediata de una Comisión Investigadora que posibilite desentrañar las verdaderas causas que originan la violencia sindical. Los episodios mencionados en los fundamentos presentes no obedecen a una lógica delictual simple, sino que la misma reside en la forma en que se dirimen los espacios de poder al interior de la estructura sindical argentina.

Por los motivos expuestos, solicito que se apruebe el presente proyecto de resolución.