ARTÍCULO 1°: Establecer como excepción a lo establecido por la Ley 25.520 la desclasificación de toda la información secreta o reservada referida en la denuncia por encubrimiento contra Cristina Fernández de Kirchner y otros, presentada por el Fiscal Alberto Nisman, y ponerla a deposición de los ciudadanos argentinos en general.

ARTÍCULO 2°: Solicitar a la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia que, conforme las atribuciones establecidas en los arts. 32° in fine y 33° inc. 6, se aboque a la investigación de las circunstancias que rodean a la denuncia mencionada y a la muerte del Fiscal Alberto Nisman para determinar si, en el accionar de los organismos de inteligencia, se ha configurado algún abuso o ilícito.

ARTÍCULO 3°: Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional.

Señor presidente:

La denuncia de encubrimiento contra la Presidente de la Nación y otros funcionarios, presentada por el Fiscal Alberto Nisman, y las confusas circunstancias que rodean su muerte han generado un estado de estupor del que la sociedad argentina no saldrá indemne.

A su gravedad y dramatismo se suma la incertidumbre tejida en torno a la falta de información accesible a la ciudadanía en general, que da pie a elucubraciones, fogoneadas desde distintos ámbitos, que en nada favorecen el buen juicio del pueblo.

"El pueblo quiere saber de qué se trata", y nosotros, los legisladores, tenemos dos herramientas para utilizar. Por un lado, dictar una norma que genere una excepción a la contenida en la Ley 25.520 -cuyas prescripciones son de carácter general-, y que ordene la desclasificación de toda la información aún clasificada como secreta o reservada. Esto es posible en lo formal, porque es el Congreso, que dicta las leyes, quien puede dictar excepciones; y en lo particular, porque los hechos sobre los que versaría el delito de encubrimiento han sido superados por el tiempo y las circunstancias: el Acuerdo con Irán ha sido declarado inconstitucional, y la propia contraparte -Irán- no se habría ocupado de darle virtualidad jurídica interna. Por ello la clasificación de la información como secreta se ha tornado abstracta. Se trata de que, no ya las autoridades judiciales o legislativas, las que no quedan eximidas de ejercer sus funciones específicas, sino todo el pueblo de la Nación, cuente con la información necesaria para valorar las conductas de sus gobernantes y el funcionamiento de las instituciones en el plano ético.

Esta decisión resulta altamente recomendable ya que justamente quien podría permitir el acceso a la información aplicando la ley vigente -el Presidente de la Nación- es una de las personas denunciadas y que estaría sujeta a investigación.

Pero además, este Parlamento cuenta con un instrumento insuperable para tomar la iniciativa, y al menos asegurarse que el funcionamiento de los organismos de inteligencia haya sido el correcto, y es la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia que, según el art. 33 inc. 6 de la Ley 25.520, puede actuar de oficio.

Por lo expuesto solicito se sancione con fuerza de Ley el presente proyecto.