Dirigirse al Poder Ejecutivo Nacional para que, por intermedio del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, informe lo siguiente:

1) ¿Si la obras de ampliación de la capacidad de transporte de gas natural 2006-2008, mencionadas en la Resolución Nº 2008/2006 del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, cumplen con algunos de los extremos considerados en el artículo 9º de la Ley 26.095, es decir si se definió el proyecto, si se iniciaron las obras, o si los futuros beneficiarios ya tienen el uso y goce de las mismas?

2) En caso que el proyecto haya quedado definido, ¿cuáles son las características técnicas del mismo, cuál es el cronograma de ejecución y cómo se desarrolla en el tiempo el plan de desenvolvimientos financieros previsto?

3) ¿Si es cierto, tal como lo señalan los medios periodísticos, que la ampliación prevista recién estará concluida dentro de ocho años, con habilitaciones parciales cada tres años, es decir que la primera operará en el 2010, y que los futuros beneficiarios tendrán que comenzar a pagar sus cargos específicos a partir del 1º de enero de este año?

4) ¿Cuáles fueron los criterios técnicos utilizados para determinar que los cargos específicos aprobados por la Resolución ENARGAS Nº 3689/2007, atento a la importancia relativa de esos cargos frente a las tarifas de transporte firme vigentes y al hecho de guardar una relación proporcional constante del 380% respecto a las distancias recorridas?

5) ¿La importancia relativa de los cargos específicos aprobados para esta obra, muestran el nivel de desfasaje de las actuales tarifas de transporte pesificadas y congeladas para afrontar inversiones?

6) ¿Cuáles serán los beneficios financieros o económicos estimados que los aportantes al Fondo Fiduciario, o sea los adquirentes de la nueva capacidad de transporte firme de gas natural, obtendrán?

7) ¿Para la adjudicación de las obras se aplicará un régimen de licitaciones públicas abiertas?

8) ¿Se contempla alguna otra fuente de financiamiento de las obras distinta de la recaudación de los cargos específicos? En caso afirmativo, indicar fuente, monto y condiciones.

Señor presidente:

En el Boletín Oficial de la República Argentina se publico la Resolución ENARGAS Nº 3689/2007, que dispone la aplicación de cargos específicos para todos aquellos contratantes directos de capacidad de transporte firme de gas natural destinados a financiar las obras de ampliación 2006-2008 que habían sido aprobadas por la Resolución del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios Nº 2008/2006.

A poco de ahondar en los antecedentes legales de esta Resolución del ENARGAS, surgen los interrogantes que ruego sean respondidos por las autoridades pertinentes del Poder Ejecutivo nacional.

El primer análisis respecto al monto de los cargos específicos demostró que los mismos representan un 380% de las tarifas de transporte firme vigentes. Pero sorprendentemente, la proporción se ha mantenido constante en función de las distancias entre el punto de despacho y el de recepción, para ambas Transportistas, sin considerar otras variables que podrían analizarse para una distribución equitativa.

La magnitud de estos cargos específicos conlleva también a analizar el desfasaje que han sufrido las tarifas reguladas de transporte de gas natural, luego de su proceso de pesificación y congelamiento. Ya que ha quedado probado con esta Resolución, que las actuales tarifas de servicio reguladas son absolutamente insuficientes para financiar inversión alguna.

Otro aspecto que resulta altamente preocupante es la información periodística relativa a la capacidad a ser ampliada y el plazo de terminación de las obras: 22,4 millones de metros cúbicos diarios en un plazo de ocho años. Los expertos afirman que el mercado actual gasífero ya tiene un déficit de aproximadamente 30 millones de metros cúbicos diarios y presenta una demanda creciente, por ello, pensar que recién en ocho años se cubrirá un parte del déficit actual, agudiza la visión de una profunda crisis energética. Por ello, resulta necesario contar con información oficial que ayude a analizar estos problemas esenciales para el crecimiento de nuestro país.

No escapará al elevado criterio del Sr. Presidente ni de mis honorables colegas Diputados, que la administración de un fondo que, siempre remitiéndome a informaciones de prensa, recaudaría una suma del orden de los u$s 2.400 millones, requerirá de un adecuado, claro y transparente proceso de administración, sobre todo, pensando en el plazo previsto. Resulta evidente que durante el mismo, a fin de evitar desvíos sobre los costos presupuestados, se producirán operaciones de acumulación de insumos esenciales sometidos a las reglas del comercio internacional, tales como las cañerías, válvulas y demás instalaciones físicas, que exigirán un prudente y afinado proceso de administración económica y financiera de la obra.

Sin dudas, la opción elegida por el Ejecutivo Nacional para determinar el nacimiento de las obligaciones de pago de dichos cargos específicos, que todo parecería indicar que se trata de la primera opción prevista en la Ley 26.095, es decir a partir de la definición del proyecto, implica un cambio fenomenal en las reglas de juego que el marco regulatorio de la actividad venía sosteniendo. En la letra y el espíritu de la Ley 24.076, los usuarios no debían afrontar pagos vinculados con la realización de nuevas inversiones, sino hasta el momento en que comenzaban a recibir los beneficios de ellas. Ahora, parecería que el modelo se encamina hacia la aplicación de mecanismos de ahorro previo, que retrotraen nuestra mirada al escandaloso plan Megatel.

Llamo también la atención sobre otras cuestiones que se podrían derivar de la aplicación de estos mecanismos de recaudación previa tan significativos, que son aquellas que de una manera u otra, implicarán mayores costos para las empresas productoras de bienes, incluyendo a las generadoras eléctricas, y que se traducirán en una suba de los precios de dichos bienes, o en el caso de la generación de energía, tal vez, en mayores subsidios aportados por el Estado. Ya se ha comprobado que esta carga de subsidios que hoy soportan las arcas públicas están afectando los presupuestos de los servicios esenciales que cualquier estado moderno debe brindar: educación, salud, seguridad.

En definitiva, Señor Presidente, la cuestión vinculada con estos cargos específicos ha adquirido una dimensión que excede en mucho los presupuestos asumidos al momento de aprobar la Ley 26.095 y a la que oportunamente me opuse. Atento a todo lo expuesto, considero de gran importancia que el Poder Ejecutivo nacional brinde adecuada información respecto de la cuestión y dé respuesta a los interrogantes planteados en el presente pedido de informes.