Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo Nacional, por intermedio del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, adopte las medidas y recaudos apropiados para equilibrar las tarifas de electricidad por los servicios que se consumen en las distintas regiones del país, como medio de procurar condiciones de trato equitativo, y promover un grado equivalente de desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional.

Señor presidente:

El presente proyecto responde a la necesidad de obtener un pronunciamiento la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, en relación a un reclamo generalizado de distintas jurisdicciones, sobre las tarifas de electricidad que se están aplicando a los usuarios del interior del país, con notorias diferencias a las que rigen actualmente en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense.

Recientes estudios demuestran que la ciudad de Buenos Aires, el Gran Buenos Aires, La Plata y el Gran La Plata, distritos que concentran el 42, 6 % de la demanda eléctrica que se genera y se distribuye en la Argentina, tienen una tarifa 83% inferior a la que paga el resto de las jurisdicciones en el interior del país.

Mientras que en la zona de Edenor, Edelap y Edesur los usuarios pagan US$ 0,031 por k W/h, los de Santa Fe pagan 0,0538 y los de Córdoba 0,0574.

La diferencia de tarifas reside en una cuestión regulatoria. El hecho ya no tiene solo que ver con la tarifa pura, sino también con los cargos impositivos y las tasas locales que se aplican a las tarifas.

Las empresas Edenor, Edesur y Edelap, están comprendidas en las llamada jurisdicción federal y por lo tanto negocian los precios finales, costos y subsidios, con el gobierno nacional y no con las provincias o los municipios.

La compañía administradora del Mercado Mayorista Eléctrico, Cammesa, tiene asignados 450 millones de pesos en el presupuesto del corriente año, cuya distribución determina el Ministerio de Planificación Federal.

Hoy en la Argentina, asistimos a un cambio en la estructura de precios relativos de los servicios públicos, donde el involucramiento del Estado en el nivel macro y micro está profundizando las diferencias entre Buenos Aires y el interior del país.

Nadie ignora que en la Argentina, el mercado energético está desequilibrado. Hay precios distorsionados y se producen excesos, como el hecho que las tarifas de luz en el “country” cuestan lo mismo que para cualquier usuario o familia modesta en el conurbano.

Para que la gente pueda disponer de electricidad y gas baratos, el Estado gasta mil quinientos millones por año. Y las empresas pagan más caro ambos servicios: desde la devaluación, el gas mayorista subió un 200% y la electricidad, 100 por ciento.

De tal manera, La Capital y el Gran Buenos Aires son los únicos distritos beneficiados por el congelamiento de las tarifas.

Hay ciudades del interior que llegan a pagar por la electricidad residencial el triple de lo que pagan la Capital Federal y el conurbano bonaerense, hoy con tarifas un 83 %inferiores al promedio del resto del país.

Por otra parte, cabe destacar que en el año 2006 el gobierno aumentó significativamente los subsidios y que la mayor parte de la transferencia de fondos fue para el financiamiento de la política instrumentada en el sector de servicios públicos de la energía y el transporte.

Los subsidios explícitos contabilizaron un total 6838 millones , es decir un ochenta y cuatro por ciento más con relación al 2005., según un reciente Informe de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP) sobre la ejecución presupuestaria.

Para la energía se destinaron en total 3310 millones, lo que representó un incremento del ochenta y ocho por ciento en relación con 2005, donde están incluidos los 1453 millones, un sesenta y siete por ciento más, entregados a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico SA (Cammesa) y los 589 millones, que representan un treinta dos por ciento más, que recibió el Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal.

Además de esos fondos, Cammesa también resultó beneficiada por 337 millones, que se le otorgaron en forma de préstamos.

Sumados subsidios y préstamos al finalizar el año pasado se destinaron , en total 3780 millones al sector energético, o sea, un sesenta por ciento, más que lo gastado en 2005.

La claras ventajas que desde el poder central se esta otorgando a las tarifas de electricidad en el área metropolitana en desmedro del interior, tienden a perpetuar una macrocefalia en el país y dejan demostrado que no tenemos un sistema de inversiones publicas, infraestructura y servicios, donde las obras se ordenen por criterios de rentabilidad económica o social.

Aquellas provincias más pobres, que necesitan mayor inversión son las que menos reciben. Son las provincias que tienen menores índices de desarrollo humano, de muy poca infraestructura y que con las actuales políticas no lograrán salir de la situación en la que se encuentran.

Es el criterio de seguir concentrando riqueza en aquellas jurisdicciones políticamente convenientes, las que tiene poderío económico o político, estando ausente el sentido de equidad, justicia distributiva y el fomento del desarrollo.

Por todo lo expuesto, Señor Presidente, solicito a mis pares la aprobación del presente Proyecto.