Declarar su repudio al memorándum (20/4/16) y rectificación (21/4/16) de la Dirección General de Escuelas de la Provincia de Mendoza, entendiendo que implica una práctica desleal y antisindical que avasalla derechos sindicales, que incluso han sido consagrados en la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo (1919), en la Declaración de Filadelfia de la OIT (1944), y en la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo (1998), consagrado también en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) y en la propia Constitución Nacional de nuestro país y la ley nacional 23551 que reglamenta la de Asociación Sindicales y en numerosos fallos de la Justicia.

Señor presidente:

La Dirección General de Escuelas, el pasado 20 de abril, emitió un memorándum prohibiendo el ingreso de delegados gremiales a las escuelas y que éstos tomaran contactos con los alumnos, quienes son la razón de existir de la comunidad educativa, de la cual forman parte junto a sus padres.

Textualmente el memorándum dice: "No se permitirá el ingreso de personas extrañas al establecimiento escolar. Sólo se admitirá el ingreso al mismo a los alumnos, padres, docentes, personal administrativo, equipo directivo, personal jerárquico de la Dirección General de Escuelas y autoridades, tanto policiales como judiciales. POR LO EXPUESTO, NO CORRESPONDE PERMITIR EL INGRESO A LOS ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES DE PERSONAS PERTENECIENTES O QUE INVOQUEN REPRESENTACIÓN DE ENTIDADES GREMIALES, DEBIENDO RECORDAR LOS SUPERVISORES Y EQUIPO DIRECTIVO, SUS RESPONSABILIDADES ATRIBUIDAS POR LA NORMATIVA LEGAL Y VIGENTE, ESPECÍFICAMENTE EN EL DECRETO 1917/72 Y RESOLUCIÓN 38T-51, ART. 10 INC. 3".

La emisión de este memorándum fue en el marco de una jornada provincial de lucha por la calidad educativa contra el ítem aula y la paritaria a la baja que se impuso por decreto.

El recurso legal al que recurrió el gobierno de Mendoza y su DGE, el decreto 1917/72, es un vestigio de la dictadura militar autodenominada “Revolución Argentina”, comandada por el General Alejandro Agustín Lanusse que gobernaba el país y que, en la provincia de Mendoza, bajo la intervención de Francisco Gabrielli, a raíz de las políticas de tarifazos eléctricos en medio de reclamos de aumentos de salarios docentes, generó lo que se conoce como Mendozazo.

Ante las denuncias por parte del SUTE en la Justicia y el repudio generalizado de ATE Mendoza y de todo el sindicalismo docente mendocino, en menos de 24 horas la DGE tuvo que rectificar esta decisión autoritaria, propia de regímenes antidemocráticos.

Sin embargo, la rectificación sigue siendo una regimentación del derecho constitucional de reunirse libremente y peticionar, y del ejercicio del derecho sindical, ya que limita el ingreso de los delegados con fueros sólo en horarios del recreo, hablar sólo con docentes y por poco tiempo.

Esta decisión es parte de una seguidilla de medidas de hostigamiento a los docentes en lucha, como por ejemplo cuando el mismo gobierno llamó a los padres a denunciar ante la Justicia a los docentes que hacían paro; o cuando terminó la discusión salarial por decreto imponiendo el ítem aula rechazado en las paritarias por la representación docente, o cuando el director general de escuelas recorre en días de paro las escuelas para armar listas de los docentes adheridos, es decir una serie de acciones que configuran un acoso laboral y persecución sindical.

Por los motivos expuestos, solicitamos la aprobación del presente proyecto de resolución.